La antropología política lleva década mostrando que las sociedades, incluso la más moderna, tienden a construir figuras de autoridades que funcionan como eje simbólico, puntos de estabilidad emocional y moral. En España, en estos años parece haberse consolidado una forma peculiar de esta dinámica: la creación de un soberano invisible, que no existe pero que actuamos como si lo hubiera. A ver el rey está, pero no se trata de monarquía. Se trata de una actitud colectiva que otorga a ciertos lideres una infalibilidad imaginaria, una especia de inmunidad emocional que lo sitúa por encima del escrutinio crítico. Es una ficción social que opera silenciosamente y que condiciona la manera en que interpretamos sus errores, sus decisiones y, especialmente, sus problemas judiciales.
Esta sumisión no es jurídica, es emocional, por eso es invisible y parece no existir. Cuando un político se convierte en un símbolo identitario, la ciudadanía deja de verlo como un gestor y empieza a verlo como un protector. Y si comete errores, se justifican, si enfrenta investigaciones, se interpretan como persecuciones y si recibe una condena, se atribuye a la maldad de los jueces. En cambio, cuando un ciudadano común es condenado por el mismo tipo de delito, la reacción colectiva suele ser inmediata y contundente: es culpable, es malvado, la justicia ha actuado. Eso decimos. Este doble rasero no es político es antropológico. Responde a la necesidad humana de preservar la figura que encarna nuestra seguridad emocional, incluso cuando esa figura ya no la garantiza. Es el miedo. El miedo es el motor de esa actitud. Miedo a perder estabilidad, miedo a reconocer que nos equivocamos, miedo a admitir que confiamos en quien no debíamos. La sociedad, cuando más fallan los lideres, más lo defienden, cuantos más alguien los cuestiona, los blindamos. El miedo funciona como un pegamento emocional que impide la crítica y fomenta algo terrible para una sociedad: la dependencia. Y además como si fuera ya poco, a este miedo se suma la culpa colectiva, cuando se intuye que ha delegado demasiado, que ha permitido abusos o negligencias, aparece una culpa difícil de gestionar y para evitarla se construye el relato defensivo de que los jueces son injustos, los medios manipulan y todo es una conspiración. La culpa se desplaza hacia fuera para no asumirla. Es un mecanismo típico de protección que, sin embargo, debilita la capacidad de autocrítica democrática.
Eso pasa exactamente con los procedimientos judiciales que rodean pedro Sánchez. Han generado una reacción social polarizada y si observamos como reacciona la ciudadanía es evidente el drama que estamos viviendo: miedo, culpa y frustración. Para algunos sectores, cualquier investigación es una agresión política, para otro es la prueba definitiva de una corrupción estructural. La ciudadanía interpreta la justicia según un vínculo emocional con el poder, y eso es antropología además de ser una insensatez colectiva. Es seguramente una insensatez contemporánea y un patrimonio compartito entre políticos y ciudadanos. Una insensatez colectiva que acepta que un político condenado sea víctima, pero un ciudadano condenado es culpable sin matices. Ese desequilibrio revela una crisis de pensamiento crítico y una infantilización de la vida democrática. Es como si necesitáramos creer en la infalibilidad del líder para no enfrentarnos a nuestra responsabilidad. Es que la democracia no viene por repetirla en palabra viene y se concreta si la ciudadanía es adulta. Y no parecemos adulto.
Concentrados quizá en pretender más política más transparencia más algo nos estamos equivocando y quizá deberíamos preguntarnos si el problema es antropológico y algo pasa a España y a los españoles.
