Y no pasa nada

Este lunes, al lector de El Burgado solo puedo pedirle una cosa: que no se conforme. Que mire el fallo, pero también las manos. Que observe la condena, pero también el calendario político. Que valore las palabras de los juristas que conocen la casa por dentro. Y que recuerde que la democracia no se sostiene con declaraciones: se sostiene con responsabilidad, vigilancia y un sistema judicial que no tenga que adelantar fallos para evitar susurros.

La justicia ha enviado esta semana un mensaje con eco: el cargo más alto del Ministerio Fiscal, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos y nos hemos enterado por una Providencia -que podéis descargar- provocando un movimiento sísmico entre los que pensaban que ciertos títulos bastaban para inmunidad. Que la tendrá, pero por ahora no. Pero esa noticia, por grave que sea, necesita contexto porque no es un simple accidente institucional: es una fisura que atraviesa la estructura de la confianza pública.

En ese marco aparece desde Canarias la voz firme de Eligio Hernández —ex Fiscal General del Estado— quien durante un foro de juristas donde participó en la península, afirmó sin tapujos que “se ha politizado la justicia, y eso es un gran problema”. Sus palabras no vienen de un tertuliano, sino de alguien que ha ocupado ese mismo despacho que hoy enfrenta un terremoto. Su reflexión es un aviso: cuando la justicia deja de ser un poder y se convierte en un instrumento, el daño es sistémico.

Y no solo eso. Esta semana he confesado públicamente que yo pensaba que García Ortiz sería absuelto. Mi colega y amigo Luis Romero, en cambio, lo tenía clarísimo: para él la condena era inevitable. Y, aun así, esto es pan para mañana y hambre para pasado. Quien crea que esta condena va a mantenerse firme olvida un detalle: existen recursos. Y más aún: existe un Tribunal Constitucional, con su amiguete Pumpido y  con mayoría progresista. Pensar que este fallo llegará indemne a ese filtro es, sencillamente, un brindis al sol. Ya veremos quién brinda y quién recoge los cristales.

A esta trama se suma otra reflexión inquietante: el Tribunal Supremo adelantó el fallo para evitar que hubiese magistrados susurrando a políticos antes de publicar la sentencia. No sería la primera vez que ocurre. Recordemos aquel presidente de la Audiencia Nacional que decía más por el móvil de lo que firmaba en sus resoluciones. Por dónde andará ahora aquel virtuoso de la prudencia perdida.

En paralelo, las palabras de Felipe González en el 50 aniversario de la muerte de Franco añadieron otra capa a esta semana turbulenta. Recordó que la muerte del dictador no significó el inicio automático de la libertad, ni del Estado democrático, ni de nada parecido. Como cree gran parte de la población nacida por los 80 en adelante. Lo que vino después de anunciar la muerte,  fue miedo, silencios, pactos con sombra y una transición mucho menos épica de lo que ahora se pretende vender. González apuntó a algo esencial: España no ha terminado de hacer las cuentas con su pasado y, tampoco con su presente.

Uniendo estos hilos —la condena al fiscal general, la advertencia de Eligio Hernández, la reflexión de González, el baile judicial y los ecos de magistrados imprudentes— obtenemos una fotografía nítida: España atraviesa un momento de tensión institucional profunda. Los símbolos funcionan, pero los mecanismos chirrían. Y desde Canarias, con nuestra doble mirada peninsular y atlántica, lo vemos con una claridad agravada.