El Gobierno de Estados Unidos ha recomendado al Tribunal Supremo de ese país que rechace definitivamente el recurso presentado por España para frenar la ejecución en suelo norteamericano de los laudos arbitrales dictados a favor de inversores perjudicados por el recorte retroactivo a las primas de las energías renovables. La posición de Washington queda recogida en un escrito de 28 páginas firmado por el procurador general, John Sauer, y otros cinco altos funcionarios del Departamento de Justicia.
El documento concluye de forma expresa que «la petición de certiorari debe ser denegada», al entender que el caso no reúne las condiciones necesarias para ser revisado por la alta corte. El escrito rechaza la tesis central de la Abogacía del Estado, que había pedido amparo al Supremo apelando a la inmunidad soberana para evitar tanto el pago de los laudos como eventuales embargos sobre bienes o activos españoles en Estados Unidos.
Tras sufrir siete derrotas previas en tribunales federales, España había agotado ya prácticamente todas las vías judiciales ordinarias dentro de esa jurisdicción. La firma Blasket Renewable Investments ha canalizado parte importante de las reclamaciones de los acreedores, a las que España debe más de 2.300 millones de euros.
El escrito del procurador recuerda que España otorgó un «consentimiento incondicional a los resultados de eventuales procedimientos de arbitraje internacional» al estar sujeta al artículo 26 del Tratado de la Carta de la Energía, que da pie a este tipo de mecanismos de resolución de controversias.
El procurador general encuentra además poco convincente el argumento español sobre la doctrina del «forum non conveniens», que habría permitido a un tribunal declinar su competencia y derivar el caso a otra jurisdicción. Al descartarlo, avala las sentencias ya emitidas y evita que los fondos acreedores tengan que acudir a otros foros. El Tribunal Supremo de Estados Unidos suele seguir el criterio del procurador general, por lo que la decisión final se antoja muy desfavorable para los intereses del Estado español.
