El abogado e historiador tinerfeño, José Luis Machado, acaba de publicar un libro titulado “Corrupción y poder en Canarias”, en el que entre otras cosas denuncia determinadas actuaciones abusivas de la Agencia Estatal Tributaria y de sus funcionarios.
Dice el autor que “para algunos funcionarios peninsulares, ejercer en Canarias supone una práctica efectiva de dominación y dependencia sobre sujetos elegidos al azar, la mayoría canarios”. Y añade: “Dejar clara su superioridad de control por medio de la toma de decisiones incontrovertibles sobre una población sumisa y acobardada. Viven encapsulados en edificios de los que entran y salen sin pasar el arco de seguridad, ni sus maletines son escaneados, lo que sí tenemos que soportar los letrados en ejercicio”.
El autor del libro, que pronto estará en las librerías, afirma que los recursos tienen que presentarse ante el organismo que dicta la resolución “con lo que conocen su contenido de antemano y les da pie a preparar su contestación ante un indebidamente llamado Tribunal Económico Administrativo, conformado por sus propios funcionarios, cuyo secretario es un abogado del Estado”.
El informe es revelador porque indica que “la tendencia de llevar a cabo las resoluciones en el mes de agosto es de sobra conocida y su intensión obstruccionista también, por razones obvias que caracterizan dicho mes. De manera que hasta el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se muestra preocupado por el cada vez más difícil ejercicio de la abogacía, que se ha convertido en una pesadilla”.
El libro de José Luis Machado se refiere también a la maraña interpretativa creada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Canarias, que ignora y tergiversa sentencias firmes del Tribunal Supremo sobre nulidad radical y absoluta, por así convenir a sus voraces intereses recaudatorios, bonus incluidos”.
En otro párrafo de su libro, el autor indica que “los inspectores (de Hacienda) se caracterizan por su prepotencia y la imposición, agravada por la complicidad de la Abogacía del Estado que los defiende cuando son imputados en querellas, lo cual es contrario a derecho pues la Abogacía del Estado, como su propio nombre indica, defiende al Estado, no al funcionario. Y todo ello genera un entorno de corrupción que afecta tanto a los negocios como a los ciudadanos”.
El autor del libro se refiere a hechos concretos e indica que “la vulneración de estos principios afecta a la sociedad canaria en su conjunto, pues genera desconfianza y, para mitigarla, muchos negocios se llevan a cabo en “negro” y de manera sumergida”.
Además, se pregunta el autor “si a la Comunidad Autónoma de Canarias, que vela por los intereses de sus habitantes, le interesa soportar a funcionarios que se comportan como coloniales y al servicio exclusivo de la metrópoli”.
El contenido del libro se basa, más que nada, en experiencias personales de este letrado, que se muestra desilusionado con el ejercicio de su profesión ante los organismos públicos en general y especialmente ante la AEAT, que ya se sabe que se ha convertido en una verdadera dictadura.
Se habla también de los “bonus” que perciben los inspectores de Hacienda por las actas levantadas, que sería algo parecido a como si a un juez se le premiara por las sentencias que favorezcan a la Administración (el ejemplo es nuestro).
Dichos “bonus” llegan a suponer un 30% del sueldo anual de los inspectores, lo que se estima como algo realmente escandaloso en medios jurídicos consultados y que ha sido varias veces objeto de debate en algunos foros, sin que se haya eliminado esta costumbre hasta el momento, que algunas fuentes jurídicas solventes califican de corrupta.
Otro demagogo descerebrado, los funcionarios de la AEAT son así en TODOS los sitios, no solo contra los canarios y actúan igual de escandaloso en TODOS los sitios.
Otro con el victimismo….