La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado a su investigación del denominado “Caso Koldo” un nuevo informe que sitúa al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el epicentro de gestiones polémicas por pagos vinculados al Gobierno de Canarias durante su etapa como presidente autonómico. El documento, que ha sido remitido al juicio del magistrado Leopoldo Puente y al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, revela que Torres habría intervenido para que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL —vinculada al empresario Víctor de Aldama—, que recibió más de 12 millones de euros por contratos de mascarillas, cobrara al menos 7,5 millones de euros que el Ejecutivo canario le adeudaba.
El informe de la UCO aporta mensajes intercambiados entre Torres y el exasesor ministerial Koldo García —fundamental en la investigación— entre los que destaca un chat de 1 de julio de 2020 en el que el ministro le dice: “Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago… Ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite: ya la tiene cargada para liberar el pago”. El mensaje evidencia una presión directa para desbloquear la factura, pese a que técnicos del Servicio Canario de Salud habían mostrado objeciones sobre el precio del material entregado por la empresa.
Torres ha reaccionado públicamente defendiendo su inocencia y reclamando que se respete su reputación. Su entorno sostiene que no existe indicio de delito y que todo se realizó conforme a control administrativo. No obstante, la oposición —encabezada por el Partido Popular y Coalición Canaria— exige explicaciones y ha pedido su dimisión al considerar que el informe aporta indicios contundentes de influencia indebida.
El caso pertenece a la investigación que relaciona adjudicaciones de emergencia sanitarias con pagos presuntamente vinculados a una financiación irregular del partido socialista, y refuerza la tesis de que personas del entorno del exministro José Luis Ábalos actuaban como intermediarios en la obtención de contratos públicos.
