Tras más de cuatro horas de tensa reunión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha topado con un frente común de rechazo que ha unido a las comunidades gobernadas por el Partido Popular y a los barones críticos del PSOE. Solo Cataluña, representada por la consejera Alicia Romero, ha dado su visto bueno a una propuesta que el resto de territorios considera un peaje inasumible.
El malestar entre los consejeros de Hacienda ha sido unánime al denunciar que el modelo nace viciado por el pacto previo entre Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Los representantes del PP han calificado la propuesta como el modelo Junqueras, advirtiendo que golpea los principios de igualdad y solidaridad interterritorial. Por su parte, los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias se han sumado al bloque del no; el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha llegado a tildar el plan de chantaje de los independentistas, señalando la ordinalidad exclusiva para Cataluña como una línea roja infranqueable.
Ante la evidencia de que no contaba con los apoyos necesarios para una reforma integral, Montero ha planteado una salida inédita: la adhesión al nuevo sistema será voluntaria. Esto permitiría a cada comunidad decidir si se acoge al nuevo esquema o si prefiere mantenerse en el actual. Sin embargo, esta maniobra ha sido interpretada por muchas regiones como una trampa, ya que rechazar el sistema podría suponer la pérdida de fondos adicionales. Hacienda sostiene que de los casi 21.000 millones de euros extra que se inyectarán al sistema, la mayoría irían a parar a comunidades del PP, un argumento que no ha servido para desactivar la desconfianza generalizada.
Uno de los puntos de mayor fricción ha sido la introducción del principio de ordinalidad, que garantiza que una comunidad no pierda posición en el reparto de recursos tras su aportación solidaria. El borrador presentado por el Ministerio contempla aplicar este criterio únicamente a Cataluña, lo que el resto de autonomías tilda de privilegio inconstitucional. Varias comunidades ya han anunciado que, si el Gobierno intenta tramitar este modelo como ley orgánica, no dudarán en recurrir ante el Tribunal Constitucional para frenar lo que consideran la ruptura del régimen común.
La ministra Montero ha lamentado lo que considera un inmovilismo por parte de la oposición, asegurando que la propuesta no otorga tratos de favor y que el objetivo es garantizar los servicios públicos. Al término del encuentro, la sensación era de bloqueo absoluto. Con Cataluña como única aliada y el socialismo territorial fracturado, el Ejecutivo se enfrenta ahora al reto de negociar bilateralmente con cada autonomía en una ronda de reuniones técnicas que se presume larga y plagada de obstáculos legales.
