El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos en el caso del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— ha puesto en evidencia las tensiones internas dentro de la Fiscalía.
La vista judicial, celebrada este lunes ante el Tribunal Supremo, vivió un momento clave con el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien señaló directamente a García Ortiz como responsable de la filtración. Según relató, la mañana del 14 de marzo de 2024, pocas horas después de que la ‘Cadena SER’ publicara los correos en los que González Amador reconocía dos fraudes fiscales, llamó al fiscal general para pedir explicaciones. “¿Has filtrado los correos?”, le habría reprochado. Según su versión, García Ortiz respondió: “Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes”.
Lastra afirmó que aquella conversación la “marcó profundamente” y criticó la falta de prudencia con la que se actuó, al considerar que se difundió información sensible que podía perjudicar la defensa del empresario. Recordó además que la Fiscalía General no suele emitir comunicados sobre asuntos que afectan al entorno personal de figuras públicas.
También testificó la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, quien confirmó el malestar de Lastra tras la filtración y reconoció haber enviado los correos del abogado defensor al fiscal general “por órdenes legítimas” de García Ortiz. Rodríguez fue apartada del proceso tras un recurso estimado por el Supremo.
Las declaraciones han dejado patente una profunda división en la cúpula del Ministerio Fiscal. Mientras Lastra cuestiona directamente la actuación de García Ortiz, otros compañeros —como el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y el fiscal Julián Salto— han defendido su proceder, asegurando que se limitó a una “dación de cuentas” habitual en casos de especial relevancia.
