La investigación judicial sobre la rama del caso Koldo centrada en la obra pública ha puesto el foco en tres contratos adjudicados por Adif a la empresa Acciona. Las pesquisas se centran en un incremento del 20 % en los presupuestos originales mediante la técnica de los modificados de obra, una práctica que, según los indicios manejados por los investigadores, se habría realizado incumpliendo la normativa vigente. Lo más relevante de estas adjudicaciones es que el aumento del precio se produjo antes incluso de que los trabajos de construcción comenzaran formalmente.
Los informes recabados por las unidades policiales encargadas del caso apuntan a que estas variaciones presupuestarias carecían de la justificación técnica exigible por ley. La normativa de contratos del sector público restringe de forma severa la modificación de precios una vez adjudicado el proyecto, permitiéndolo únicamente ante imprevistos sobrevenidos durante la ejecución. En este caso, el hecho de que el encarecimiento se pactara de manera previa al inicio de las obras refuerza la hipótesis de que estos modificados pudieron ser utilizados como cauce para el pago de comisiones ilegales o mordidas.
Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Transportes, se encuentra en el centro de esta pieza separada debido a la relación de sus antiguos directivos con la estructura de influencia que presuntamente lideraba Koldo García. La investigación trata de determinar si existió una instrucción política o administrativa para beneficiar a la constructora mediante estas ampliaciones presupuestarias a cambio de pagos a la red corrupta. Los agentes analizan ahora las comunicaciones internas y los expedientes de contratación para identificar a los responsables de firmar estos cambios en las condiciones económicas.
Esta derivación del caso Koldo amplía el espectro de la trama más allá de la compra de material sanitario durante la pandemia, introduciendo la sospecha de corrupción sistémica en las licitaciones de obra civil. El juez instructor espera recibir en las próximas semanas los informes definitivos de la Intervención General de la Administración del Estado sobre estos contratos específicos con Acciona para decidir si cita a declarar a los técnicos de Adif que validaron los incrementos.
