La ministra Mónica García ha sellado un acuerdo definitivo sobre la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario con la mayoría de las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación. El pacto cuenta con las firmas de UGT, CCOO, CSIF y el sindicato de enfermería Satse, lo que permite al Gobierno iniciar de inmediato la tramitación de un texto que busca actualizar las condiciones laborales de cientos de miles de trabajadores del Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, el acuerdo nace con una fractura interna evidente en el sector. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha decidido no suscribir el documento, lo que supone que la nueva normativa comenzará su andadura legislativa sin el respaldo de los facultativos. El colectivo médico considera que las medidas propuestas no abordan con suficiente profundidad las particularidades de su profesión ni los problemas de sobrecarga y retribución que arrastran desde hace años. A esta desafección se ha sumado el sindicato gallego CIG-Saúde, que tras meses de unidad con el resto de centrales, se ha desmarcado del borrador final por considerarlo poco ambicioso y alejado de las necesidades reales de los profesionales de la salud.
A pesar de estas ausencias significativas, el Ministerio de Sanidad ha valorado positivamente el consenso alcanzado con la mayoría de la representación social. Mónica García defiende que el nuevo Estatuto Marco es una herramienta fundamental para reducir la temporalidad, mejorar la conciliación y dotar de mayor estabilidad a las plantillas de los hospitales y centros de salud de toda España. Para el departamento de Sanidad, el texto pactado equilibra las demandas de los diferentes colectivos y moderniza un marco legal que llevaba más de dos décadas sin sufrir una revisión integral.
Con la firma de este lunes, el proyecto se encamina ahora hacia el Consejo de Ministros y su posterior debate en las Cortes Generales. la aprobación de este estatuto se considera un hito para la gestión de García, aunque el rechazo de los médicos deja abierta una vía de conflicto que podría marcar la relación del ministerio con los facultativos en los próximos meses.
