Tras una reunión bilateral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han sellado un acuerdo estructural sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que supondrá una inyección extra de 4.700 millones de euros anuales para Cataluña. Esta cifra representa un incremento del 12% en la capacidad de gasto de la Generalitat, destinado a blindar servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación.
El pacto se asienta sobre el principio de ordinalidad, una de las reivindicaciones históricas del soberanismo moderado. Según ha explicado el propio Junqueras al término del encuentro, este mecanismo garantiza que Cataluña no pierda posiciones en el ranking de recursos per cápita tras el reparto solidario, manteniendo una coherencia con su volumen de aportación al sistema estatal. El dirigente republicano ha defendido que es un acuerdo donde nadie pierde y todo el mundo gana, apelando a que el refuerzo de los servicios en Cataluña beneficia al conjunto del arco mediterráneo, históricamente infrafinanciado.
Sin embargo, el acuerdo tiene una delimitación técnica muy clara: se ciñe exclusivamente al modelo de transferencias y reparto. La espinosa cuestión de la soberanía fiscal sigue en el aire, ya que la recaudación directa del 100% del IRPF por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña ha quedado fuera de este paquete. Junqueras ha admitido que la gestión de este impuesto continúa pendiente y que será necesario buscar el modo de cumplir ese compromiso en futuras negociaciones, vinculando veladamente este avance a la estabilidad de la legislatura y al apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado.
Comunidades como Castilla y León ya han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional al considerar que el pacto rompe la igualdad entre españoles. Por su parte, desde Junts han tildado el acuerdo de rebajas, criticando que el Estado siga teniendo la llave de la caja y que no se haya alcanzado un concierto económico pleno similar al cupo vasco.
