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El rescate de Air Europa, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2020, está lejos de ser una simple operación económica. Nuevas revelaciones apuntan a que Pedro Sánchez no solo estuvo al tanto de las negociaciones, sino que habría intervenido activamente en su diseño. Así lo indican comunicaciones privadas entre el presidente del Ejecutivo y su entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, extraídas del teléfono de Koldo García y que ahora forman parte de una investigación judicial. Ábalos reconoce que él ha tenido que ver en esas filtraciones.
Lo que inicialmente se presentó como una medida de emergencia para salvaguardar una empresa estratégica durante la pandemia, cobra ahora tintes más oscuros. La rapidez con la que se concedió el rescate –cinco veces más veloz que el promedio del fondo SEPI–, el acceso de terceros a información confidencial en tiempo real y los contactos entre asesores privados y miembros del Ejecutivo configuran un panorama donde la línea entre lo público y lo privado parece difuminarse.
En el epicentro de esta red de influencias, destaca la figura de Víctor de Aldama, entonces asesor de Air Europa, quien celebró con efusividad el resultado de las gestiones antes incluso de que se hiciera público. «Estoy llorando como un puto bebé», escribió a Javier Hidalgo, hijo del fundador de la aerolínea. El mensaje, recogido en un informe de la Guardia Civil, da cuenta del acceso privilegiado a decisiones gubernamentales que deberían haberse mantenido bajo estrictas garantías institucionales.
Las conversaciones entre Sánchez y Ábalos reflejan algo más que preocupación por el destino de una aerolínea estratégica. Revelan una preferencia explícita del presidente por evitar que Air Europa terminara en manos de la británica IAG, matriz de Iberia, y la intención de buscar una fórmula que permitiera mantenerla bajo control español. Lo sorprendente no es solo la intervención del presidente en una operación empresarial, sino que parte de sus argumentos procedían, según los mensajes, de un «amigo del sector» no identificado, cuya opinión fue considerada en la estrategia del Gobierno.
El caso deja preguntas incómodas: ¿Hubo un rescate motivado por razones técnicas o por afinidades personales y presiones empresariales? ¿Hasta qué punto es aceptable que asesores con intereses directos tuvieran acceso anticipado a decisiones clave? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias políticas y judiciales puede tener la implicación directa del presidente del Gobierno en una operación que favoreció a un grupo empresarial concreto?
Aunque el rescate de Air Europa por 475 millones de euros se justificó por su carácter estratégico, el hecho de que poco después se reanudaran las conversaciones para vender la aerolínea a IAG por 500 millones —una operación que finalmente se frustró por exigencias de Bruselas— deja aún más en entredicho los motivos reales del apoyo público.
El tiempo dirá si la implicación del presidente fue una cuestión de Estado o una decisión cuestionable al borde del conflicto de intereses. De momento, la trama sigue creciendo.
