El Gobierno de España ha formalizado este fin de semana la puesta en marcha de una de las investigaciones más ambiciosas y controvertidas de la actual legislatura en materia de memoria democrática. Mediante un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 26 de diciembre de 2025, el Ejecutivo ha aprobado una subvención directa de 600.000 euros a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para identificar a las empresas y entidades que se beneficiaron de los trabajos forzados durante la dictadura franquista.
El estudio, que cuenta con un plazo de ejecución de tres años, no solo se limitará a señalar a las compañías privadas y organismos públicos que utilizaron mano de obra reclusa. El encargo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática exige la creación de un inventario detallado de las víctimas —presos políticos y de guerra— y de las personas que formaron parte de las unidades penitenciarias y concentracionarias que gestionaron estos castigos.
Esta medida busca dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática, que contempla el reconocimiento y la reparación moral de quienes fueron sometidos a este sistema de explotación. El informe pretende contextualizar históricamente cómo el régimen utilizó la redención de penas por el trabajo como una herramienta de represión y, al mismo tiempo, de reconstrucción económica del país tras la Guerra Civil.
El foco de la investigación recaerá sobre grandes obras de infraestructura, como canales, pantanos y vías férreas, donde se tiene constancia de la participación de batallones de trabajadores. Aunque estudios historiográficos previos ya han apuntado a nombres de constructoras y empresas industriales que aún operan hoy bajo otras denominaciones, este será el primer censo oficial respaldado por el Estado que vincule de forma directa el beneficio empresarial con el sistema de trabajos forzosos del franquismo.
Desde el Ejecutivo se insiste en que el objetivo primordial es la verdad y la reparación, generando una base de datos científica y rigurosa. Sin embargo, la iniciativa ha despertado críticas en sectores de la oposición, que acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar la historia para señalar a empresas actuales por hechos ocurridos hace más de ocho décadas, abriendo un debate sobre la responsabilidad corporativa histórica y las posibles reclamaciones de reparación que podrían derivarse de este informe en el futuro.
