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Rusia lanzó este lunes una advertencia contundente a los Estados europeos: perseguirá a cualquier país que intente apropiarse de sus activos congelados, en un momento en que la Unión Europea debate cómo destinar esos fondos a sostener a Ucrania. La amenaza, transmitida por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, llega acompañada de una acusación directa contra la Alianza Atlántica, a la que Moscú considera ya “de facto” en guerra con Rusia por el apoyo militar y logístico que presta a Kiev.
El trasfondo de esta disputa se encuentra en los cerca de 300.000 millones de euros en activos rusos congelados tras la invasión de Ucrania en 2022, de los cuales más de 200.000 permanecen bloqueados en Europa, principalmente en la cámara de compensación Euroclear, con sede en Bélgica. Hasta ahora, Bruselas solo se ha atrevido a utilizar los intereses generados por esos fondos —unos 1.000 millones de euros ya destinados a ayuda militar—, pero algunos países, como España, Polonia y los bálticos, presionan para ir más allá y emplear directamente el capital. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, llegó a calificar de “más que legítimo” el uso de ese dinero para apoyar la defensa ucraniana y sufragar la futura reconstrucción del país.
Sin embargo, la idea no despierta unanimidad en el bloque comunitario. Francia, Alemania y Bélgica han mostrado fuertes reservas, alertando de que la confiscación de activos estatales podría violar el derecho internacional y minar la confianza de los inversores en los mercados financieros europeos. Temen además que un precedente de este calibre termine por erosionar la estabilidad económica de la eurozona y complique futuras relaciones diplomáticas con potencias ajenas al conflicto.
Moscú, por su parte, ha reaccionado con dureza. “La OTAN está de facto en guerra con Rusia; eso es evidente y no necesita pruebas”, afirmó Peskov en declaraciones recogidas por la agencia estatal Tass. El portavoz enmarcó estas palabras en el reciente incidente ocurrido en Polonia, cuando una veintena de drones rusos penetraron en su espacio aéreo la pasada semana. Varsovia lo interpretó como un intento de poner a prueba la capacidad de respuesta aliada sin desencadenar un enfrentamiento abierto, lo que llevó al Gobierno polaco a invocar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte y a desplegar un dispositivo defensivo en el que participaron cazas de varios países europeos.
El pulso entre Bruselas y Moscú por los activos congelados no es solo económico. En el Kremlin se percibe como un ataque directo a su soberanía financiera y una muestra de la “hostilidad” occidental. Desde la óptica europea, en cambio, se trata de un dilema entre mantener la legalidad internacional intacta o utilizar todos los medios disponibles para sostener a un país invadido desde hace más de tres años. El debate, por tanto, trasciende los balances y las reservas bancarias: se convierte en un termómetro del grado de unidad de la Unión Europea y de hasta dónde está dispuesta a llegar en su respaldo a Ucrania.
El lenguaje empleado por Moscú incrementa el riesgo de una escalada diplomática y militar. Calificar a la OTAN como parte beligerante podría servir a Rusia para justificar represalias de distinta índole, desde nuevas sanciones económicas y ciberataques hasta movimientos militares en el flanco oriental. En este escenario, cada decisión europea sobre el destino de los activos rusos congelados, y cada incidente fronterizo como el de los drones en Polonia, puede convertirse en un paso más hacia una tensión que ya se aproxima peligrosamente a la línea roja.
