Unas 40.000 personas en situación administrativa irregular podrán solicitar su regularización en Canarias a partir del lunes 20 de abril, según el Real Decreto 316/2026 aprobado por el Gobierno central el 14 de abril. El plazo se extiende hasta el 30 de junio. Pero antes de que se abra la primera ventanilla, la plataforma Regularización Ya denuncia una «falta absoluta de coordinación» entre administraciones y entidades en el archipiélago.
El dato que importa es este: 40.000 personas en Canarias cumplen los requisitos para regularizar su situación. El Real Decreto exige dos condiciones — encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses — más la ausencia de antecedentes penales.
Las solicitudes se pueden presentar por vía telemática desde el 16 de abril. La vía presencial arranca el 20 de abril, con cita previa, en 372 oficinas de Correos repartidas por toda España, 60 oficinas de la Seguridad Social y 5 oficinas de Extranjería habilitadas. El horario de Correos será de 8:30 a 17:30 horas. El plazo de presentación cierra el 30 de junio de 2026.
Lo que no cuadra
El Foro Canario de la Inmigración se reunió el lunes 13 de abril bajo la presidencia de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y acordó crear un grupo de trabajo para analizar el proceso. A cuatro días del arranque presencial, ese grupo aún no está constituido.
El Gobierno de Canarias anunció la creación de una «red de información y apoyo» con entidades sociales, sindicatos, asociaciones de migrantes, universidades y administraciones públicas. Pero la plataforma Regularización Ya reprocha una «falta absoluta de coordinación» entre todos esos actores. No hay protocolo unificado. No hay puntos de información operativos. No hay material en las lenguas más habladas por las comunidades afectadas.
El contexto que importa
Canarias es territorio de primera llegada migratoria. Miles de personas que desembarcaron en los últimos años llevan más de cinco meses residiendo en las islas y cumplen los requisitos. Pero muchas de ellas no tienen acceso a internet para presentar la solicitud telemática, no conocen el procedimiento y no saben que necesitan cita previa para acudir a Correos.
El Gobierno regional dice que trabaja «para que nadie se quede fuera». Las entidades que están en el terreno dicen que eso, a día de hoy, no se está consiguiendo.
El plazo cierra el 30 de junio. Quedan 71 días. La pregunta no es si 40.000 personas tienen derecho a regularizarse — eso ya lo dice el BOE —, sino cuántas van a poder ejercer ese derecho en un archipiélago donde la información no está llegando a quien la necesita.
