Comiencen la lectura teniendo en cuenta que la llamada Ley de Nietos no existe como tal. Lo que hay es una disposición -la Adicional Octava– de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que abrió la puerta a que hijos y nietos de españoles pudieran acceder a la nacionalidad en determinados supuestos vinculados al exilio. Hasta ahí, todo razonable. Pero después la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ensanchó la lectura de la Ley y terminó interpretando de manera muy generosa y abrió el grifo de nacionalizaciones por lo que miles de personas fueron obteniendo la nacionalidad española, con lo que ser español conlleva.
Mientras que escribo esto miro que el Censo Electoral de Residentes Ausentes cuenta con 2.736.522 electores, con derecho a voto, esto es 408.262 más que en las elecciones generales de 2023. Y esto huele bastante mal, a puchero rancio. Por lo que el Tribunal Supremo ha intervenido – no de oficio claro- y es que ha resuelto estos días las medidas cautelares pedidas por Iustitia Europa y Vox contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de 16 de julio, y acuerda suspender la inscripción en el CERA y los efectos electorales de esas nacionalizaciones mientras decide si la interpretación administrativa que permitió muchas de las nacionalidades se ajustaba realmente a la ley.
Ahora bien, hay otra parte de todo esto que a mí me cuesta aceptar con naturalidad y es que el derecho de voto que viene añadido a la nacionalidad, supone participar en decisiones que afectan a un país, a sus impuestos, a sus servicios públicos, a sus gobiernos y a su futuro, en definitiva a las personas que en el viven y tributan. Por eso chirría que alguien que nunca ha vivido aquí, que no conoce mínimamente nuestra realidad política, social o territorial y que quizá no sabría decir si Córdoba pertenece a Euskadi o a Lisboa, pueda acabar decidiendo quién gobierna España.
Cuando la ampliación de la nacionalidad termina incorporando cientos de miles de nuevos electores al censo exterior, es legítimo y hasta obligatorio preguntarse si detrás de la reparación histórica hay también cálculo electoral – yo no lo dudo- No voy a fingir que cuatrocientos mil votos sean políticamente irrelevantes, mucho menos en un país donde los partidos cuentan hasta el último escaño y donde una parte de esos nuevos electores no vive aquí ni soporta en el día a día las consecuencias de las decisiones de nuestros políticos.
El razonamiento del Supremo lo pueden leer en el Auto que yo he leído y analizado. Y es bastante clarificador, tengamos en cuenta que es el propio Estado quien les dijo que cumplían los requisitos y los reconoció como españoles. Y mientras esa nacionalidad siga vigente, resulta difícil explicar por qué uno de los derechos que precisamente la acompañan puede quedar congelado. A ver que pasa.
Si Sánchez quería ampliar la nacionalidad a todos esos descendientes, bastaba con llevar una reforma al Parlamento, debatirla, votarla y aprobarla. Y eso no lo ha hecho Sánchez. Lo preocupante es esa costumbre que ha desarrollado y perfeccionado, cada vez más cómoda, de aprobar una cosa, interpretar después otra y confiar en que años más tarde los tribunales pongan orden y si lo ponen, se les acusa de intervencionismo.
Ahora tenemos miles de personas con una nacionalidad que nadie ha anulado, un censo electoral que ha crecido de manera extraordinaria y descarada con un claro propósito. Y aquí esta el Tribunal Supremo frenando cautelarmente el voto mientras decide si una instrucción administrativa llegó donde la ley no había llegado. No sé cómo terminará el pleito, pero sí sé una cosa, estarán conmigo que raro si es.
Cervantes decía que la verdad adelgaza pero no quiebra. Aquí, de momento, lo que ha adelgazado peligrosamente es la seguridad jurídica.
