La reunión estaba convocada para esta mañana. Su objetivo era renovar el mecanismo que permite trasladar menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta al resto del Estado. No hubo quórum. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP decidieron no aparecer. Es la segunda vez que ocurre. Canarias vuelve a quedarse con la pelota en el tejado y con la mano extendida.
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia tenía un único asunto urgente en el orden del día: abordar la prórroga del Real Decreto que modificó la Ley de Extranjería para permitir la redistribución obligatoria de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El mecanismo lleva meses en el aire y su vigencia no es indefinida.
No se celebró. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, salvo Ceuta, decidieron no acudir. Sin quórum no hay sesión, y sin sesión no hay prórroga negociada.
La consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, reaccionó exigiendo a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que busque una vía alternativa para extender el decreto por un año más sin necesidad de que la conferencia se celebre. «Seguiremos derivando menores en base a la misma normativa con la que hemos trabajado hasta ahora», afirmó el Gobierno canario en un comunicado.
La posición del PP es conocida: sus comunidades se niegan a aceptar el reparto forzoso de menores y llevan tiempo boicoteando los mecanismos de coordinación estatal. La posición de Canarias es igualmente conocida: sus centros de acogida llevan años al límite y la llegada de pateras no se detiene.
Lo que queda en el medio son niños y adolescentes —la mayoría procedentes del África subsahariana y del Magreb— que llevan semanas o meses en centros de acogida del archipiélago esperando una plaza en una comunidad que, por razones estrictamente políticas, no quiere recibirlos.
El Gobierno de Canarias insiste en que continuará con las derivaciones amparado por la normativa vigente, pero la incertidumbre jurídica crece a medida que se acerca el vencimiento del decreto. Si no hay prórroga, el mecanismo se queda sin base legal y Canarias se queda sola.
El plantón de hoy no es un accidente. Es una estrategia. Y mientras los partidos se miran de frente, la administración canaria sigue buscando dónde colocar a menores a los que nadie en la Península quiere reconocer como problema propio.
La conferencia no se celebró, pero el problema sí existe. Y los menores que llenan los centros de acogida canarios siguen esperando que alguien, en alguna reunión, decida tratarlos como lo que son: menores.
