Los motivos detrás de la decisión del presidente Pedro Sánchez de desclasificar los documentos del 23-F este martes 24 de febrero de 2026 responden a una combinación de simbolismo histórico, estrategia parlamentaria y presión política de sus socios de investidura.
En primer lugar, el anuncio se ha hecho coincidir exactamente con el 45 aniversario del intento de golpe de Estado de 1981. Sánchez ha justificado la medida bajo el argumento de saldar una deuda histórica con la ciudadanía, sosteniendo que la memoria no puede estar bajo llave y que una democracia madura debe conocer su pasado para construir un futuro más libre. Al margen de la retórica oficial, la fecha de los 45 años es clave desde el punto de vista técnico: el anteproyecto de la nueva Ley de Información Clasificada, que el Gobierno intenta sacar adelante, propone precisamente un plazo máximo de 45 años para los secretos de Estado, por lo que esta decisión se interpreta como un gesto para cumplir la futura ley antes incluso de que sea aprobada.
Desde un punto de vista político, esta desclasificación busca desbloquear las tensas relaciones con socios habituales como el PNV, Junts, EH Bildu y ERC, quienes llevan años exigiendo el fin de la actual Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968. Ante el estancamiento de la reforma legislativa en el Congreso, el Ejecutivo ha optado por utilizar su potestad directa para desclasificar estos archivos específicos como una concesión que alivie la presión de sus aliados. De hecho, formaciones como Junts ya han aprovechado el anuncio para reclamar que esta transparencia se extienda también a las cloacas del Estado y a los atentados del 17-A.
La oposición, encabezada por el Partido Popular y Vox, ha calificado el anuncio como una cortina de humo. Sostienen que el momento elegido no es casual y que busca desviar el foco informativo de otros problemas que afectan al Gobierno, como el reciente balance de criminalidad o los frentes judiciales abiertos. La desclasificación funciona como un potente elemento de comunicación política que sitúa el debate en la defensa de la democracia y la memoria histórica, un terreno en el que el Ejecutivo socialista se siente cómodo frente a sus críticos.
