El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un plan de intervención en el mercado de la vivienda de alquiler con tres medidas calificadas como “urgentes y contundentes”. El eje central de la iniciativa es una bonificación fiscal del 100% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos propietarios que renueven contratos de alquiler sin subir el precio a sus inquilinos. Esta deducción pretende compensar a los arrendadores por lo que ganarían si aumentaran la renta.
El jefe del Ejecutivo explicó que esta medida se articulará a través de un real decreto-ley que el Gobierno llevará al Congreso en las próximas semanas. El objetivo es ofrecer un incentivo fiscal a los propietarios responsables para evitar subidas de renta en un momento en que la expiración de miles de contratos de larga duración amenaza con encarecer significativamente los alquileres.
Además de la bonificación fiscal, el paquete incluye controles más estrictos sobre los contratos de alquiler de temporada, con el fin de combatir el uso fraudulento de este tipo de contratos que, según el Ejecutivo, ha aumentado la incertidumbre para muchos arrendatarios. El Gobierno propone condiciones más exigentes para que un contrato se considere de temporada y un régimen sancionador para quienes utilicen esta figura para eludir la regulación del alquiler habitual.
La tercera medida anunciada busca frenar el crecimiento del alquiler por habitaciones. El decreto establecerá que la suma de las rentas de las habitaciones no pueda superar la renta de un piso completo y, en zonas declaradas tensionadas por la ley de vivienda, se aplicarán mecanismos de control de precios.
Sánchez ha defendido estas reformas como una intervención necesaria para corregir los desequilibrios del mercado y proteger tanto a inquilinos como a propietarios responsables, aunque ha reconocido que la normativa debe ser debatida y aprobada en el Parlamento. Algunos partidos, incluidos miembros de la coalición que apoyan al Gobierno, han expresado sus reservas o rechazo a ciertas partes del paquete, señalando que incentivos fiscales pueden resultar insuficientes o incluso perjudiciales para algunos colectivos de inquilinos.
