El ultimátum del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la concesionaria del parking subterráneo de la plaza de España no es un episodio aislado.
Estamos ante el síntoma visible de un problema más amplio, la situación estructural, jurídica y económica de varios aparcamientos subterráneos, muchos de ellos construidos hace décadas y gestionados en régimen de concesión administrativa.
El caso concreto es contundente. Tras dos inspecciones técnicas realizadas los días 9 y 13 de febrero, los servicios municipales detectaron daños estructurales derivados de la corrosión en las armaduras de los forjados.
Se habla de pérdida de recubrimiento de hormigón, armaduras vistas y desprendimientos puntuales de cascotes. Técnicamente, eso significa que el acero que da resistencia al forjado está oxidándose, expandiéndose y debilitando el conjunto estructural. Cuando el hormigón pierde protección, la corrosión avanza más rápido, especialmente en entornos costeros como Santa Cruz, donde la salinidad acelera el deterioro.
El Ayuntamiento ha dado 72 horas adicionales para ejecutar actuaciones urgentes de seguridad, advirtiendo que, de no hacerlo, intervendrá directamente y pasará la factura a la empresa concesionaria. Este punto es clave para entender el modelo de gestión de los parkings en la isla.
Concesiones
La mayoría de los grandes aparcamientos urbanos en la isla funcionan bajo concesiones administrativas. El suelo es público, pero la explotación corresponde a una empresa privada durante un periodo determinado.
A cambio, la concesionaria asume mantenimiento, explotación y conservación. El problema surge cuando las infraestructuras envejecen y las inversiones necesarias dejan de ser rentables en el tramo final de la concesión.
Muchos aparcamientos subterráneos en Tenerife datan de los años 80 y 90. En su momento fueron solución a la creciente presión del tráfico urbano, pero hoy enfrentan tres desafíos simultáneos: envejecimiento estructural, cambios en la movilidad y tensiones económicas.
Desde el punto de vista técnico, el entorno marino es un enemigo silencioso. La proximidad al mar, la humedad constante y la presencia de cloruros en el ambiente afectan especialmente a estructuras enterradas o semienterradas. Si el mantenimiento no es continuo y preventivo, los daños no son superficiales: comprometen la integridad estructural.
¿Renovar sin prórroga?
Desde el punto de vista económico, el modelo concesional puede generar incentivos perversos. Cuando una concesión está cerca de su vencimiento, la empresa puede ser reticente a acometer grandes inversiones estructurales si no hay garantía de prórroga o compensación. Esto tensiona la relación con la administración, que es responsable última de la seguridad pública.
Desde el punto de vista urbano, el papel del parking está cambiando. Las políticas de movilidad sostenible, zonas de bajas emisiones y reducción del tráfico en el centro generan incertidumbre sobre la rentabilidad futura de estas infraestructuras. Menos coches en superficie implica, paradójicamente, que los parkings subterráneos pueden ser más necesarios, pero también que su modelo económico debe adaptarse.
El ultimátum del Ayuntamiento introduce otro elemento relevante: la intervención subsidiaria. Si la concesionaria no actúa, la administración ejecuta las obras y luego repercute el coste. Esto abre la puerta a conflictos jurídicos, reclamaciones y litigios sobre responsabilidades técnicas y económicas.
La situación actual obliga a replantear el futuro de estas infraestructuras. Puede que algunos parkings necesiten rehabilitaciones profundas; otros, redefinir su modelo de explotación; y otros, integrarse en estrategias más amplias de movilidad urbana.
Lo que está en juego no es solo un aparcamiento concreto, sino la gestión de una red de infraestructuras que, durante décadas, fue sinónimo de modernidad urbana y hoy exige inversión, control y planificación estratégica.
