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La fractura interna del PSOE se hace cada vez más evidente. Mientras Pedro Sánchez mantiene su hoja de ruta desde La Moncloa, algunas voces relevantes dentro del partido han comenzado a cuestionar abiertamente el rumbo político nacional. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y veterano dirigente socialista, ha lanzado una seria advertencia: si no se toman medidas pronto, el coste electoral de las decisiones nacionales puede acabar hundiendo al partido en los territorios.
En una entrevista reciente, Page ha expresado sin rodeos su preocupación por el impacto que la política estatal está teniendo sobre las federaciones autonómicas. A su juicio, repetir lo sucedido en las elecciones de 2023 —donde el PSOE perdió peso en numerosas comunidades— sería un error imperdonable. Su propuesta: adelantar las elecciones generales. “Hay que parar esto como sea”, ha declarado, en un tono que dista mucho del discurso de unidad habitual en el partido.
Sus palabras no son anecdóticas. Reflejan un malestar creciente entre los barones territoriales, que se sienten arrastrados por decisiones que no comparten y sobre las que apenas tienen control. Aunque no ha mencionado directamente a Sánchez, el mensaje es claro: si el liderazgo actual no rectifica, serán los líderes autonómicos quienes paguen las consecuencias en las urnas.
Pero la tensión no se limita a la estrategia electoral. El caso de Leire Díez, una asesora que ha estado en el centro de la polémica por sus declaraciones y vínculos cuestionables, ha desatado una tormenta dentro del partido. García-Page no ha dudado en calificar la situación de “dramática” y ha cargado con dureza contra la falta de explicaciones claras. “Me da bochorno”, ha dicho, tras acusar a Díez de carecer de toda credibilidad y sugerir que su conducta podría tener implicaciones penales.
Lo que está en juego no es solo la imagen de un partido, sino la capacidad del PSOE para sostener una mínima coherencia interna. Page ha criticado abiertamente la incorporación de perfiles a los que ha definido como «gente con comportamientos criminales, ética y probablemente penalmente», un juicio demoledor que, en cualquier otro contexto, habría generado una crisis en la cúpula del partido.
En lugar de afrontar con autocrítica el deterioro del debate interno y las consecuencias de decisiones controvertidas, el PSOE parece atrincherarse en una lógica de lealtades inquebrantables. Pero mientras desde Madrid se mantiene el silencio, las advertencias desde los territorios suenan cada vez más alto. Y si no hay reacción, es probable que estas diferencias dejen de ser solo un problema interno para convertirse en una crisis electoral de gran escala.
