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El 10 de marzo, en un restaurante de Leganés, tuvo lugar un encuentro que, de confirmarse en sus términos más oscuros, podría cuestionar gravemente la relación entre el poder político y las fuerzas de seguridad del Estado. La protagonista: Leire Díez, militante del PSOE y antigua directora de Relaciones Institucionales de Correos. El interlocutor: Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil y uno de los investigados en el caso Koldo. Lo que allí se discutió, según fuentes y documentos consultados por varios medios, dista mucho de una simple conversación personal.
Durante la cita, que se extendió por más de tres horas, Díez habría planteado a Villalba la posibilidad de acceder a un puesto próximo a la Dirección General del cuerpo a cambio de información interna comprometida. En concreto, se le habría solicitado que colaborara aportando detalles comprometedores sobre altos mandos de la Guardia Civil, señalados como responsables de operaciones judiciales contra el PSOE. A cambio, se le ofreció protección judicial y una vía para rehabilitar su imagen institucional. La presión fue directa: se le instó a declarar de inmediato, insinuando que el propio Ministerio del Interior tenía planeado abrir diligencias policiales en breve.
Díez no negó la existencia de los encuentros, aunque intentó restarles importancia asegurando que solo quería “conocer” al comandante. Sin embargo, el contenido del diálogo y su paralelismo con otras conversaciones mantenidas por la misma militante con investigados en tramas distintas, como la de hidrocarburos, sugiere un patrón más preocupante: el uso de interlocutores políticos para maniobrar en causas judiciales abiertas contra el partido o su entorno.
Más allá de la legalidad del ofrecimiento, la revelación deja en el aire preguntas esenciales para cualquier Estado democrático: ¿se está intentando utilizar a miembros del cuerpo para fines partidistas? ¿Qué conocimiento tiene el Gobierno de estas gestiones? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto se han traspasado las líneas rojas entre lo institucional y lo político en plena tormenta judicial?
El episodio, que sigue sumando ramificaciones, arroja dudas no solo sobre la independencia de ciertas figuras políticas, sino también sobre el grado de presión que pueden ejercer en los órganos encargados de garantizar la legalidad en el país. El silencio oficial, hasta ahora, no hace más que aumentar la inquietud.
