Llevamos años encajando la misma cantinela condescendiente desde los ateneos del poder y los platós de televisión: somos, supuestamente, la generación más preparada de la historia. Nos lo repiten como un mantra reconfortante, casi como una limosna dialéctica con la que pretenden acallar cualquier atisbo de disidencia. La realidad, sin embargo, es infinitamente más amarga y desoladora: nos han convertido en la generación más anestesiada por un relato oficial que busca la docilidad a cambio de migajas.
Resulta francamente difícil no sentir una profunda indigestión democrática al encender los informativos. Mientras el Palacio de la Moncloa se atrinchera en un bombardeo sistémico de propaganda, ingeniería social y superioridad moral, la actualidad política nacional se ha reducido a un goteo nauseabundo de escándalos, comisiones, chanchullos e investigaciones judiciales que acorralan ya sin disimulo al entorno más íntimo del Presidente del Gobierno. Nos prometieron una regeneración institucional modélica, la limpieza absoluta de las instituciones y un talante democrático ejemplar; lo que nos han entregado es un régimen de baja intensidad sostenido por la inercia y la anestesia social. Pero lo verdaderamente intolerable no es ya el nepotismo rampante ni la sospecha constante sobre cada Consejo de Ministros; es la desfachatez insultante de pretender seguir expidiendo patentes de ética desde la tribuna pública aquellos que han convertido la degradación de las formas democráticas en su principal seña de identidad.
Mientras en los despachos del poder se diseñan milimétricamente estrategias de blindaje procesal para eludir el control de los tribunales y manosear las garantías del Estado de Derecho, ¿qué ocurre en la calle para el común de los ciudadanos?
Ocurre que la juventud tinerfeña, y la de toda España, tiene que hacer malabarismos matemáticos y casi imposibles para pagar habitaciones de 600 euros en pisos compartidos, asumiendo que acceder a una vivienda digna se ha transformado en un privilegio inalcanzable, reservado solo para rentar privilegiadas o para quienes heredan patrimonio. Ocurre que una generación entera encadena la temporalidad crónica con contratos basura y la certeza de que vivirá objetivamente peor que sus padres, mientras en el entorno gubernamental se maniobra con fondos públicos y recursos del Estado con una ligereza pasmosa. A los jóvenes se nos exige constantemente paciencia, comprensión y una infinita resignación; al poder, en cambio, no se le exige ni la más elemental asunción de responsabilidades políticas ni el menor ápice de decencia institucional.
Por eso, lecciones de moral, las justas. Los jóvenes no podemos ni debemos permanecer por más tiempo impasibles ante la deriva de un sistema que hace aguas, observando cómo se desmoronan los contrapesos constitucionales mientras el Ejecutivo se limita a palmearnos la espalda. Nos arrojan bonos de transponer, subvenciones de usar y tirar o cheques culturales concebidos milimétricamente como un soborno electoral para comprar silencios y aplausos. Eso no es política social ni progreso redistributivo; es pura anestesia electoral, un intento desesperado de convertirnos en clientes dependientes del favor del Estado en lugar de en ciudadanos libres e independientes.
Si la juventud no se planta de una vez por todas y dice basta, estará firmando con su silencio el acta de defunción de su propio porvenir. La salvación no vendrá nunca de la mano de quienes han convertido el problema en su forma de vida.
