El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Tenerife arrastra un colapso que la Administración ya no puede disimular. Según ha denunciado la representación sindical, el servicio opera con la mitad de la plantilla que necesita, acumula demoras de hasta cinco años en algunos informes y ha obligado al Gobierno a tirar del bolsillo público: 263.075,65 euros en informes privados solo en 2024-2025. Mientras tanto, los juzgados esperan. Y las víctimas, también.
El Instituto de Medicina Legal de una isla no es un detalle técnico. Es la pieza que permite que un juicio avance, que una familia entierre con certificado y causa, que una víctima de violencia sexual tenga un informe pericial que su denuncia necesita para sostenerse. Cuando ese engranaje se rompe, lo que se rompe es el acceso a la justicia.
En Tenerife llevan años avisando. Lo que antes era un atasco es hoy una cola que, según la denuncia sindical trasladada por Diario de Avisos, alcanza plazos de hasta cinco años en determinados informes. Cinco años en los que un procedimiento judicial puede quedar paralizado a la espera de que un forense —que no existe en plantilla— firme el papel.
La solución que ha encontrado la Administración no corrige el problema: lo externaliza. Entre 2024 y 2025 se ha gastado 263.075,65 euros en contratar informes a profesionales privados para cubrir el vacío. Dinero público que sale por la ventana porque no entra por la puerta: porque los puestos de forense titulares no se cubren, no se convocan a tiempo o no se dotan con la urgencia que exige un servicio esencial.
Las cifras hablan solas, pero conviene aterrizarlas. 263.000 euros son varios sueldos anuales de forense. Son la diferencia entre sostener un servicio público con plantilla propia o aceptar que la justicia se subcontrata por episodios, sin garantía de continuidad ni de control. Y son, también, una señal política: cuando un departamento vive de contratos puntuales, deja de ser un servicio y se convierte en un parche.
La Consejería competente lleva meses recibiendo avisos. La respuesta pública, hasta la fecha, se ha movido entre el «estamos trabajando» y el anuncio de nuevas convocatorias que no terminan de materializarse. En paralelo, los juzgados siguen acumulando procedimientos que necesitan informe forense para avanzar. Entre ellos, causas de violencia de género, delitos contra menores y accidentes laborales. Es decir, el tipo de casos donde el retraso no es una molestia burocrática: es una condena añadida.
Un servicio público que necesita externalizar más de un cuarto de millón de euros para sostenerse no está funcionando. Está sobreviviendo. Y mientras sobrevive, alguien paga la factura: el contribuyente con su dinero y la víctima con su tiempo. Si la Consejería no quiere que el próximo titular hable de colapso en pasado trágico, toca cubrir plantilla, publicar datos de demora por tipología y explicar, uno por uno, qué informes se están pagando fuera y por qué.
