Un jefe de banda armada en Haití ha amenazado con matar a más de 60 personas que mantiene como rehenes en la comuna de Kenscoff, a las afueras de Puerto Príncipe, apenas un día después de que estos mismos grupos cometieran una masacre que dejó 47 muertos en esa misma zona. El líder criminal, apodado Didi y también conocido como Izo 2, lanzó la amenaza en un vídeo difundido este martes en las redes sociales, en el que advirtió de que ejecutaría a los secuestrados si las autoridades intentan atacar a su grupo. «Su seguridad no depende de mí, sino del Estado», afirmó, mientras en las imágenes se veía a niños, mujeres y hombres retenidos, algunas madres amamantando a sus hijos.
El ataque comenzó el domingo y se prolongó hasta la madrugada del lunes, cuando las bandas irrumpieron en Kenscoff, una comunidad de las colinas sobre Puerto Príncipe que hasta hace poco conservaba una relativa calma. Durante la matanza, los grupos armados incendiaron viviendas y vehículos. La ONU cifró en 47 los muertos, entre ellos al menos cinco niños y 22 personas presuntamente ejecutadas en el interior de una iglesia. Se cree que el posterior secuestro masivo es uno de los mayores registrados en el país en los últimos años. La banda de Didi forma parte de la coalición Viv Ansanm, encabezada por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, la principal alianza criminal del país.
Para entender por qué ocurre esto, conviene mirar a las raíces de la crisis haitiana. Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, arrastra décadas de inestabilidad política, corrupción endémica y debilidad institucional. La violencia actual se disparó tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, que dejó al Estado descabezado y sin elecciones, abriendo un vacío de poder que las bandas armadas se apresuraron a llenar. Desde entonces, el país no tiene un presidente electo y se rige por un frágil consejo de transición, incapaz de frenar el avance criminal.
El origen de esas bandas, sin embargo, es anterior y más profundo. Los grupos armados hunden sus raíces en los años de la dictadura de los Duvalier y en la práctica, extendida durante décadas, de que los partidos políticos y las élites económicas financiaran y armaran a milicias para intimidar a rivales y controlar barrios. Con el tiempo, esas estructuras se emanciparon de sus antiguos patronos y se profesionalizaron, nutriéndose del tráfico de armas que llega en su mayoría desde Estados Unidos, de los secuestros por rescate y del control de puertos y carreteras. Hoy se calcula que las bandas dominan cerca del 85% de la capital, Puerto Príncipe.
La comunidad internacional ha intentado responder, con escaso éxito hasta ahora. En 2023, la ONU aprobó el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia, que llegó a Haití en 2024, pero que ha resultado insuficiente en efectivos y recursos frente a la potencia de fuego de unos grupos fuertemente armados. El ataque de Kenscoff, precisamente por producirse en una zona que se creía segura, ha roto la percepción de que la situación empezaba a mejorar, y ha sido calificado por los expertos como una gran prueba política y de seguridad para el Gobierno, la policía y la misión internacional.
El balance humano de esta crisis es devastador. Según datos de la ONU, al menos 3.050 personas murieron y 1.401 resultaron heridas en Haití solo durante los primeros seis meses de 2026, y más de un millón de personas se han visto desplazadas de sus hogares por la violencia. La masacre y el secuestro masivo de estos días, con residentes saliendo a las calles a protestar por la falta de protección, son la enésima muestra de un Estado desbordado que ha perdido el control de amplias zonas de su territorio, en una espiral en la que la población civil, y muy especialmente los niños, paga el precio más alto de una tragedia que se prolonga sin visos de solución.
