Más Madrid ha presentado una proposición no de ley (PNL) en la Asamblea de Madrid para implementar un impuesto dirigido a los propietarios de viviendas que lleven más de dos años desocupadas. La medida busca abordar la crisis habitacional en la región, donde miles de familias carecen de un hogar mientras existen numerosas casas vacías, según denunció la formación política.
El impuesto propuesto tendría un coste proporcional al tiempo que la vivienda lleve sin ocuparse, incrementándose con los años de desuso. Además, Más Madrid plantea un gravamen adicional contra la especulación inmobiliaria, dirigido a entidades jurídicas que compren viviendas y las revendan o alquilen a precios superiores a los establecidos por el índice de referencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) durante los primeros cuatro años tras la compra. La formación también solicita triplicar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para grandes tenedores que adquieran propiedades, con el objetivo de desincentivar la acumulación de viviendas con fines especulativos.
Los ingresos generados por estas medidas, según la propuesta, se destinarían a financiar la construcción de vivienda protegida de alquiler, una iniciativa que Más Madrid considera esencial para garantizar el derecho a la vivienda en una región donde el acceso a un hogar se ha vuelto un desafío crítico, especialmente en zonas tensionadas como el centro de Madrid, que ha visto incrementos del alquiler de hasta un 21% en un año. La formación subraya que el objetivo es penalizar tanto la existencia de viviendas vacías como las operaciones que contribuyen a la escalada de precios, un problema que ha llevado a protestas masivas en 39 ciudades españolas a principios de abril, donde se exigieron medidas como la bajada de alquileres y la recuperación de viviendas vacías.
La propuesta ha generado debate en un contexto donde el mercado inmobiliario madrileño enfrenta una creciente presión. Datos recientes indican que el 15% de las viviendas en España están en manos de fondos de inversión y un 42% pertenece a propietarios con más de tres casas, lo que refleja una concentración de la propiedad que dificulta el acceso a la vivienda para los jóvenes, con menos del 15% logrando emanciparse en Madrid. Mientras tanto, la región sigue enfrentando un déficit de vivienda nueva, con proyecciones que estiman la necesidad de 40,000 unidades anuales para satisfacer la demanda.
Aunque Más Madrid insiste en que estas medidas son un paso hacia la justicia habitacional, algunos sectores critican que podrían desincentivar la inversión inmobiliaria o generar tensiones con los propietarios, en un momento en que casi el 40% de ellos ya considera retirar sus viviendas del mercado de alquiler debido a regulaciones previas como la Ley de Vivienda. El Ejecutivo regional aún no ha respondido oficialmente a la propuesta, pero el debate sobre cómo equilibrar el derecho a la vivienda y los intereses del mercado inmobiliario promete intensificarse en los próximos meses.
