El Gobierno de Marruecos ha manifestado su disposición a recibir a todos sus menores de edad no acompañados que se encuentran en España, aunque condiciona el inicio de las devoluciones a que la administración española elimine los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo.
Rabat sitúa la responsabilidad del bloqueo en la burocracia y la legislación españolas. La fuente citada aseguró que Marruecos ha asumido compromisos claros sobre este asunto y que existen instrucciones del rey Mohamed VI para trabajar en favor del retorno de estos menores a su país de origen. A su juicio, el problema reside en que la normativa española otorga a los menores un tratamiento específico que, en la práctica, impide su regreso o que se beneficien de la cooperación entre ambos países.
La diplomacia marroquí añadió otro factor a esa parálisis: la actuación de las ONG. Según esta versión, dichas organizaciones promueven posturas orientadas a prolongar de forma indefinida la estancia de los menores en la red de acogida española y generan, a ojos de Rabat, una cortina de humo mediática destinada a atribuir a Marruecos una supuesta falta de colaboración.
El marco jurídico español, sin embargo, impone garantías estrictas para cualquier repatriación de un menor. Tanto la ley de extranjería como su reglamento exigen la apertura de un expediente administrativo individual, con datos sobre la filiación y las circunstancias familiares y sociales del menor en su país de origen, además de la intervención del ministerio fiscal y el derecho del propio menor a ser escuchado. En episodios anteriores, como las devoluciones desde Ceuta en 2021, los tribunales frenaron varias repatriaciones por no haberse seguido esos trámites, y el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y diversas entidades cuestionaron su legalidad.
El asunto reaparece mientras Ceuta reclama agilizar el traslado de los menores acogidos para evitar el colapso de su red de protección, sometida a una fuerte presión tras las entradas masivas de las últimas semanas.
