El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró este lunes 28 de abril una emergencia de interés nacional en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja y Madrid, tras el apagón masivo que dejó sin electricidad a gran parte de la Península Ibérica, Portugal y el sur de Francia. La medida, anunciada pasadas las 22:00 horas, responde a la solicitud de estas regiones y otorga al Ministerio del Interior la dirección de la gestión de la crisis, según lo estipulado por la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
El apagón, que comenzó a las 12:30 horas del lunes, provocó un caos generalizado: semáforos apagados, colapsos de tráfico, suspensión de servicios de metro y tren, y cancelaciones masivas de vuelos en aeropuertos clave como Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el de Lisboa. En Madrid, los bomberos realizaron 174 intervenciones en ascensores, mientras que en Lisboa, los pasajeros en el aeropuerto Humberto Delgado enfrentaron largas esperas sin aire acondicionado ni agua corriente. Red Eléctrica reportó que más del 50% de la demanda energética de España se vio afectada, aunque para la noche del lunes, el suministro había sido restaurado en un 45% de las subestaciones, incluyendo partes de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y La Rioja.
La declaración de emergencia nacional permite al gobierno central coordinar recursos y tomar medidas excepcionales para mitigar los efectos del apagón, cuya causa aún no ha sido esclarecida. Aunque algunos especulan sobre un posible ciberataque, el Centro Criptológico Nacional está investigando sin confirmaciones oficiales. El presidente Pedro Sánchez, desde La Moncloa, pidió a los ciudadanos minimizar los desplazamientos y reservar las llamadas al 112 para emergencias reales, advirtiendo sobre la propagación de noticias falsas en un contexto donde las telecomunicaciones también colapsaron, afectando telefonía móvil e internet.
El impacto económico y social es significativo. Ciudades como Madrid, Sevilla y Valencia, centros clave de transporte y turismo, vieron suspendidas sus actividades habituales, con comercios cerrados y pagos en efectivo como única opción. Eventos deportivos, como el Madrid Open de tenis, fueron cancelados, y los hospitales recurrieron a generadores de emergencia para mantener servicios críticos. Mientras tanto, Portugal declaró una crisis energética tras una reunión de emergencia, y su operador de red advirtió que la restauración total del suministro será una operación compleja.
La decisión de Marlaska ha sido recibida con críticas por algunos sectores, que señalan una respuesta tardía y falta de previsión ante un sistema eléctrico vulnerable. La crisis ha puesto en el foco las tensiones entre el gobierno central y las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el PP, que han exigido una acción más rápida y coordinada. A medida que el país trabaja para restablecer la normalidad, la incertidumbre sobre las causas del apagón y sus consecuencias a largo plazo sigue generando preocupación.
