El Ministerio del Interior ha hecho público el balance de criminalidad correspondiente al cierre del año 2025, un documento que certifica un incremento en las infracciones penales totales y un repunte significativo en los delitos más graves. Según los datos oficiales procesados por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, España registró el pasado año un total de 2.474.156 delitos, lo que supone un aumento del 0,8% respecto al ejercicio anterior, con casi 20.000 nuevas infracciones contabilizadas en el cómputo global.
El sindicato JUPOL ha reaccionado de inmediato a estas cifras denunciando que el aumento se concentra precisamente en las tipologías delictivas que generan una mayor alarma social. De acuerdo con el desglose del balance, los homicidios y asesinatos han crecido un 7,7%, mientras que los secuestros han experimentado una subida del 9,6%. En el ámbito de la libertad sexual, las agresiones con penetración han subido un 2,8% y las operaciones vinculadas al tráfico de drogas han repuntado un 5,5%. Estas subidas contrastan con la tendencia a la baja de los hurtos, que siguen siendo el delito más frecuente pero cuya caída no ha logrado compensar el ascenso de la criminalidad grave.
La organización policial ha criticado duramente la gestión del Ministerio, señalando que los datos desmienten el discurso oficial sobre la mejora de la seguridad ciudadana. Para JUPOL, estas estadísticas son el reflejo de una falta de recursos y de una política de seguridad que consideran ineficaz frente a la evolución de las nuevas formas de delincuencia. El sindicato sostiene que el incremento de casi 20.000 delitos anuales justifica una asunción de responsabilidades al más alto nivel dentro del organigrama del Ministerio del Interior.
Como medida de protesta, se ha convocado una concentración para hoy lunes, 23 de febrero de 2026, a las 12:00 horas frente a la sede del Ministerio del Interior en Madrid. Bajo la petición de dimisión de Grande-Marlaska, los agentes tienen previsto manifestar su malestar por la deriva de las cifras de criminalidad y exigir un cambio de rumbo en las políticas de seguridad nacional que permita frenar el avance de los delitos violentos y el tráfico de sustancias estupefacientes en todo el país.
