Las Palmas de Gran Canaria acogió este miércoles 9 de septiembre la primera sesión de las Jornadas sobre Inmigración que se celebran anualmente en Canarias en el marco de los cursos de formación impulsados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la colaboración de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Las jornadas, que se desarrollan durante tres días, analizan el impacto que tendrá en la normativa nacional el Pacto Europeo de Migración y Asilo de la Unión Europea y reúnen a representantes de los ámbitos judicial, jurídico, social, de la seguridad y de los servicios de rescate para compartir conocimientos y examinar los cambios derivados del nuevo marco europeo.
El acto de inauguración contó con la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y director de las jornadas, Juan Avello; la vocal del CGPJ delegada para Canarias, Inés Herreros, y el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez Santos.
Juan Avello: “Detrás de cada proceso migratorio hay una persona”
El presidente del TSJC, Juan Avello, destacó la relevancia de estas jornadas en un momento histórico especialmente complejo y subrayó la importancia de abordar la inmigración desde una perspectiva centrada en la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos y la construcción de una sociedad más solidaria e inclusiva.
Avello señaló que resulta significativo que su primer acto como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sea precisamente un foro dedicado a la inmigración, porque, a su juicio, representa la necesidad de “volver a poner en el centro de todo a las personas”.
“Cuando hablamos de inmigración no hablamos únicamente de cifras, estadísticas o fronteras. Hablamos de personas”, afirmó. En este sentido, recordó que detrás de cada travesía migratoria hay hombres, mujeres, niños y niñas que emprenden un camino lleno de incertidumbre en busca de seguridad, oportunidades o un futuro mejor, y que afrontan con frecuencia situaciones de dolor, sacrificio y desprotección.
El presidente del TSJC advirtió también de que la percepción social de la inmigración está condicionada por determinados sesgos cognitivos. Citó, entre otros, el sesgo de disponibilidad, que lleva a valorar la frecuencia de determinados hechos a partir de ejemplos especialmente llamativos difundidos en los medios de comunicación, y el sesgo de confirmación, que favorece la búsqueda de informaciones que ratifiquen prejuicios previos.
Frente a estas percepciones, defendió la necesidad de que la formación y la información contrastada permitan sustituir los prejuicios por conocimiento, los estereotipos por diálogo y las respuestas simplistas por un análisis riguroso de la realidad migratoria.
A su juicio, comprender las causas de las migraciones, conocer el marco jurídico nacional e internacional, analizar los procesos de integración y reflexionar sobre los retos de la convivencia son elementos esenciales para que la sociedad pueda afrontar esta realidad con mayor responsabilidad y serenidad.
Avello resaltó la posición estratégica de Canarias, situada entre África, Europa y América, y recordó que el Archipiélago ha sido históricamente un espacio de encuentro entre continentes, culturas y pueblos. En su opinión, la gestión de los movimientos migratorios plantea desafíos sociales, jurídicos, económicos y humanitarios que exigen respuestas coordinadas.
El presidente del TSJC agradeció la implicación del Gobierno de Canarias en la organización de las jornadas y la participación de todas las personas asistentes. Asimismo, recordó que la historia de Canarias está profundamente vinculada a la emigración y que durante generaciones miles de canarios partieron hacia América y otros lugares en busca de un futuro mejor.
“Quienes llegan a nuestras costas persiguen, en esencia, el mismo anhelo que movió a tantos de nuestros antepasados: vivir con dignidad, en paz y con esperanza”, afirmó. Avello concluyó sus palabras apelando a la memoria colectiva y a la formación como punto de partida para construir una sociedad “más cohesionada, más justa y más humana”.
Inés Herreros: “Las crisis migratorias son también crisis de derechos”
La vocal del CGPJ delegada para Canarias, Inés Herreros, inició su intervención con un homenaje a las personas fallecidas durante los desplazamientos hacia España. En concreto, recordó a las 1.317 personas que, según señaló, habían perdido la vida en la ruta hacia España durante los seis primeros meses de 2026, así como a las personas fallecidas en la entrada en Ceuta y en el intento de alcanzar las costas canarias.
Herreros explicó que el curso materializa el Convenio Marco de Cooperación suscrito entre el CGPJ y el Gobierno de Canarias para el fortalecimiento e impulso del Foro de Estudios sobre la Migración en Canarias. Este espacio tiene como finalidad favorecer la cooperación mutua en materia de formación continua de la carrera judicial en relación con los fenómenos migratorios que afectan al Archipiélago.
La vocal del CGPJ destacó que una de las principales competencias del Consejo es garantizar una formación continua, especializada y de calidad para juezas y jueces. Añadió que esta formación debe ser rigurosa y adaptada a las necesidades que surgen para perfeccionar el servicio público de la justicia, pero también debe mantener abiertas sus puertas a una sociedad a la que el Derecho no puede dar la espalda.
En este sentido, indicó que las jornadas forman parte de la denominada formación descentralizada del CGPJ, concebida como un espacio de reflexión y debate entre profesionales de la judicatura sobre asuntos especialmente vinculados al territorio en el que se desarrollan. En el caso de Canarias, el programa aborda las crisis de derechos humanos que afectan a las personas migrantes que llegan a sus costas.
Herreros reivindicó además la necesidad de analizar las migraciones desde una perspectiva histórica, social y económica. Como persona migrante e hija de padres emigrantes, afirmó que la movilidad humana forma parte de la historia de la humanidad y que siempre ha necesitado solidaridad y reconocimiento de derechos para desarrollarse en condiciones dignas.
También cuestionó el enfoque del Pacto Europeo de Migración y Asilo y consideró que el nuevo marco europeo puede profundizar en la falta de solidaridad hacia las personas migrantes y trasladar una presión desproporcionada a los territorios situados en las fronteras exteriores de la Unión Europea, como Canarias.
La vocal del CGPJ señaló que esta situación se ve agravada cuando las comunidades autónomas no colaboran en la acogida y protección de las personas migrantes, especialmente en el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Recordó que las comunidades autónomas tienen obligaciones específicas de cooperación y corresponsabilidad en esta materia.
Herreros defendió que los retos jurídicos derivados de las migraciones deben abordarse siempre desde la perspectiva de los derechos humanos y del cumplimiento del Derecho nacional e internacional. El foro, afirmó, debe servir para identificar buenas prácticas jurídicas y avanzar hacia un “buen Derecho”, entendido como aquel que camina de la mano de la justicia.
La vocal del CGPJ advirtió de que las normas que protegen los derechos humanos no amparan únicamente a las personas que hoy emprenden procesos migratorios, sino que constituyen una garantía para toda la ciudadanía. “Nadie está a salvo”, afirmó, al recordar que la reducción de los estándares de protección puede afectar en el futuro a cualquier persona.
Finalmente, relacionó la situación de las fronteras y las migraciones con el deterioro general de la protección internacional de los derechos humanos y con la normalización de la violencia contra la población civil y la infancia. Frente a esta realidad, reclamó alternativas y buenas prácticas jurídicas compatibles con los Estados de Derecho nacionales e internacionales.
Cesáreo Rodríguez reclama que Canarias participe en las decisiones migratorias
Por su parte, el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez Santos, defendió que Canarias no puede seguir siendo frontera de Europa “sin tener voz en la política migratoria”.
Rodríguez cuestionó que el Archipiélago vaya a sufrir de forma inmediata las consecuencias del Pacto Europeo de Migración y Asilo, pero haya quedado al margen de la elaboración del Plan Nacional para su implementación.
“No se puede legislar desde Bruselas, decidir desde Madrid y pretender que Canarias se limite a ejecutar y pagar las consecuencias”, afirmó el viceconsejero. En su opinión, las administraciones y territorios que gestionan directamente las consecuencias de las decisiones migratorias deben participar también en su definición.
Rodríguez reclamó que la solidaridad europea se traduzca en un reparto efectivo de responsabilidades y no únicamente en la asignación de fondos para que otros territorios soporten la presión migratoria. En este sentido, advirtió de que Canarias no puede convertirse en un “territorio de retención”.
El viceconsejero insistió en la singularidad territorial, logística y geográfica de Canarias y reclamó un tratamiento específico para el Archipiélago como frontera exterior de la Unión Europea y como región ultraperiférica. Recordó que la aplicación homogénea de las normas europeas puede producir efectos muy diferentes en un territorio continental y en unas islas situadas frente a la costa africana.
Asimismo, puso de manifiesto que Canarias afronta de manera directa las consecuencias de los movimientos migratorios y que esta realidad requiere respuestas coordinadas entre las distintas administraciones y los diferentes ámbitos de actuación.
En este contexto, subrayó el valor de unas jornadas que permiten reunir durante tres días a profesionales de la judicatura, del ámbito jurídico y social, de la seguridad y de los servicios de rescate para analizar los cambios normativos y compartir experiencias y conocimientos sobre la gestión de la inmigración.
La conferencia inaugural del jueves, Pacto europeo de Migración y Asilo, corrió a cargo del magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Wenceslao Olea Godoy. Posteriormente, la mesa redonda Garantías en la protección de los Derechos Humanos en frontera abordó cuestiones como las medidas de internamiento y sus alternativas, desde una perspectiva constitucional; los derechos de las víctimas en contextos migratorios y el tratamiento penal a los patrones de pateras, con las intervenciones de Patricia Fernández Vicens, Helena Maleno Garzón y Daniel Arencibia.
La primera jornada se completó con la conferencia Criminalización de la migración y los derechos de excepción en territorio de frontera, impartida por la magistrada María del Pilar Barrado Liesa.
Las jornadas continuarán el jueves y el viernes con distintas ponencias y mesas de análisis centradas en el impacto del Pacto Europeo de Migración y Asilo, la protección de los derechos humanos y los retos que plantea su aplicación en Canarias.
