El Tribunal Supremo (TS) ha establecido en dos sentencias recientes que las cajas de seguridad ubicadas en una entidad bancaria no se consideran como domicilio a efectos de la protección que la Constitución española otorga a este. Esto implica que no se requiere autorización judicial para su precinto, aunque la Administración debe justificar la proporcionalidad, idoneidad y necesidad de dicha medida.
Estos fallos resolvieron dos casos en los que la Inspección Tributaria precintó cajas de seguridad en entidades bancarias como medidas cautelares. Los titulares de estas cajas argumentaron que el precinto vulneraba su derecho a la intimidad y domicilio sin una autorización judicial. Sin embargo, los tribunales no aceptaron sus argumentos, y el TS ha confirmado esta decisión.
Claves
Las cajas de seguridad no son consideradas como domicilios a efectos de la protección constitucional porque no son espacios aptos para desarrollar la vida privada. Un recipiente (caja de seguridad) no requiere el máximo nivel de protección constitucional.
En procedimientos de inspección tributaria, no es necesario obtener autorización judicial o el consentimiento del titular para precintar una caja de seguridad, ya sea que el titular sea una persona jurídica o física.
Aunque no se requiere autorización judicial, la Administración debe justificar la proporcionalidad, idoneidad y necesidad del precinto, especialmente cuando el titular es una persona física, debido a la posible afectación a su ámbito de intimidad personal y familiar.
El TS distingue entre el precinto y la apertura de la caja de seguridad. Mientras que el precinto no se considera una afectación grave a la intimidad, la apertura de la caja sí se equipara con la entrada en domicilio y, por tanto, requiere una mayor protección. Asimismo, se establece una diferencia con el precinto de cajas de seguridad situadas en el domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado, lo cual sí podría suponer una mayor afectación a la intimidad.
En resumen, el TS ha clarificado que las cajas de seguridad en bancos no gozan de la misma protección constitucional que un domicilio, permitiendo a la Inspección Tributaria precintarlas sin necesidad de una autorización judicial, siempre y cuando se justifique adecuadamente la medida.
