En el mundo de la justicia española, pocos temas suscitan tanto debate como el trato privilegiado que fiscales y abogados del Estado parecen recibir en las salas de vistas, esto es, en la de juzgados y tribunales. Este fenómeno, que ocurre a diario es cuanto menos preocupante, como en más de una ocasión me ha adelantado mi amigo Andrés Chaves, y yo comparto con un colega que supone una amenaza seria para el principio de igualdad y, sobre todo, para la percepción de imparcialidad que debería ser inherente a nuestro sistema judicial.
El compañero, al que no tengo el gusto de conocer, Nicolás González- Cuéllar, entiendo por deducirlo de la lectura de sus artículos que es un firme defensor de una justicia equilibrada, y ha propuesto a sus colegas de Madrid un cambio contundente: evitar que fiscales y abogados del Estado permanezcan en las salas entre juicios; y yo añado que entren juntos y salgan por la misma puerta.
Este comportamiento entiendo es tolerado en exceso y socava, entre otras muchas acciones, la confianza pública en el sistema.
La imparcialidad judicial, tanto en su esencia como en su apariencia, es un pilar fundamental de cualquier democracia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha enfatizado en repetidas ocasiones la importancia de la «apariencia de imparcialidad», ya que la percepción de justicia es casi tan relevante como su ejercicio en sí. Permitir que fiscales y abogados del Estado compartan espacio y familiaridad con los jueces entre juicios, intercambiando comentarios o, en algunos casos, incluso bromas, puede proyectar una imagen desalentadora para los justiciables y para mí. Esta situación no solo resulta incómoda para los abogados de la defensa, sino que, más preocupante aún, transmite a los ciudadanos la inquietante impresión de una justicia parcial y desbalanceada, un lujo que el sistema judicial no debiera permitirse en una sociedad democrática.
González-Cuéllar hace un llamamiento claro para iniciar un cambio. La propuesta implica que los abogados ejercientes informen, con antelación, a fiscales, abogados del Estado y jueces de su intención de no entrar en la sala de vistas si estos últimos no abandonan primero la sala, garantizando así una entrada conjunta y en condiciones de igualdad. Esta medida no solo busca el respeto a la igualdad de armas, sino que también apunta a recuperar la confianza en el sistema judicial.
La familiaridad entre jueces, fiscales y abogados del Estado, en un contexto de sala de vistas, puede parecer inofensiva, pero en realidad alimenta una percepción pública de «conchabeo» “colegueo” y “amiguismo” amplificado que debe ser erradicada.
Los justiciables, aquellos que se enfrentan a acusaciones, no deberían tener que cuestionar si están en igualdad de condiciones ante la justicia. Es humillante, como bien indica González-Cuéllar, que un fiscal que representa al Estado se muestre en amistosa conversación con quien tiene el poder de decidir sobre la vida, el honor y la libertad de los ciudadanos, el juez o el tribunal. Esta inercia debe desaparecer en aras de una justicia que no solo sea imparcial, sino que se perciba claramente como tal.
A la luz de esta propuesta, cabe preguntarse si esta práctica de privilegios debe seguir siendo tolerada. La respuesta es, por supuesto, negativa. Pero es alentador ver que la comunidad de abogados comience a tomar acciones para erradicar costumbres arcaicas que no tienen cabida en el sistema judicial actual. Un sistema que se declara transparente y justo no puede continuar con dinámicas que erosionan la confianza en su labor.
Este es un momento clave para la justicia en España. La propuesta de González-Cuéllar, que en principio puede parecer una simple medida logística, es en realidad un mensaje de fondo contra la injusticia disfrazada de costumbre. La igualdad de armas no es un mero ideal abstracto, sino una necesidad concreta para una justicia legítima y democrática. Cualquier reforma que refuerce la imparcialidad y la percepción de imparcialidad merece todo el apoyo de la comunidad jurídica. Al fin y al cabo, en una sala de justicia, todos, fiscales, jueces, abogados y, sobre todo, los ciudadanos, deben estar al mismo nivel. ¿O no?
