La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha dado un paso inédito en la historia reciente de la carrera fiscal. A través de una nota informativa, la asociación ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de recaudación de fondos entre sus afiliados para ayudar a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, a afrontar las responsabilidades económicas derivadas de su reciente condena penal.
El Tribunal Supremo impuso a García Ortiz una pena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por un delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ante la ejecución de esta sentencia, la UPF ha decidido no ponerse de perfil.
La asociación recalca que la iniciativa no es una imposición corporativa, sino un acto de «solidaridad profesional y humana». El objetivo, según el comunicado, es mitigar el «impacto personal y familiar» que una sanción de esta envergadura supone para el ex jefe del Ministerio Público.
Desde la UPF se insiste en una premisa que han mantenido invariable desde que se abriera la causa: la defensa cerrada de la inocencia de García Ortiz. La asociación sostiene que su actuación fue «legal» y que su único fin fue proteger la «dignidad de la institución» ante lo que consideran una campaña de desinformación.
Hace apenas unos días, la propia asociación calificó de «violencia institucional» y de «giro constitucionalmente letal» la argumentación de la Sala de lo Penal del Supremo. Al recabar fondos, los fiscales progresistas no solo prestan auxilio financiero, sino que envían un mensaje político de desobediencia moral frente al fallo del Alto Tribunal.
La campaña de recaudación se suma a otra iniciativa paralela: una recogida de firmas —que ya supera las 15.000 — para solicitar al Gobierno el indulto de García Ortiz, al considerar que su condena supone un retroceso democrático
