A partir del 18 de febrero de 2027, el nuevo Reglamento de Baterías de la Unión Europea obligará a que todos los smartphones, tabletas y portátiles permitan al usuario extraer y sustituir la batería utilizando herramientas comunes y sin necesidad de conocimientos técnicos. La norma, recogida en el artículo 11 del Reglamento UE 2023/1542, busca alargar la vida útil de los dispositivos y reducir la basura electrónica, después de que la industria llevara más de una década apostando por diseños unibody sellados con pegamento.
El texto consolidado de la normativa, aclarado por la Comisión Europea a través de la Comunicación C/2025/214, fija unas condiciones estrictas. La batería debe poder sacarse con herramientas comercialmente disponibles, sin necesidad de solventes, pistolas de aire caliente ni kits reservados a servicios técnicos oficiales. La ley prohíbe además que el software bloquee el funcionamiento del teléfono cuando detecta una batería de recambio no homologada por la marca, una práctica conocida como parts pairing con la que algunos fabricantes inutilizaban piezas perfectamente funcionales. A esto se suma la obligación de mantener la batería a la venta como recambio durante un mínimo de cinco años tras la salida del último ejemplar del modelo al mercado.
La norma no es retroactiva: solo afecta a los dispositivos introducidos en el mercado europeo después de esa fecha, por lo que los móviles comprados antes seguirán siendo perfectamente legales y utilizables tal y como están ahora. El reglamento alcanza también a wearables como relojes inteligentes y auriculares inalámbricos, aunque la Comisión ha abierto en paralelo una consulta pública para valorar exenciones en productos donde la sustitución resulta más complicada, como los propios auriculares o los anillos inteligentes, cuyos fabricantes alegan que es técnicamente inviable sin destruir la pieza. Los audífonos médicos, en cambio, ya cuentan con una exención plena.
La letra pequeña de la norma deja además una salida para los fabricantes que apuesten por la durabilidad antes que por la extracción manual. Quien demuestre que su batería conserva al menos el 80% de su capacidad tras 1.000 ciclos de carga, o el 83% tras 500 ciclos, y que el dispositivo cumple un estándar de protección frente al agua y el polvo, puede quedar exento de que sea el propio usuario quien la sustituya. Es la vía por la que se espera que trate de moverse Apple, que ya tuvo que ceder ante Bruselas con la implantación obligatoria del USB-C en todos sus dispositivos.
Llama la atención el silencio de las grandes marcas ante una normativa que obligará a repensar por completo la arquitectura interna de sus terminales. La explicación está en ese margen que ofrece la cláusula de durabilidad, que permite a los fabricantes con baterías más resistentes esquivar el rediseño completo del producto. La medida se enmarca en una estrategia europea más amplia de protección al consumidor tecnológico, que incluye también el Digital Markets Act y el Digital Services Act, y que convierte a la UE, con sus 450 millones de consumidores, en un actor capaz de imponer estándares que terminan adoptándose en buena parte del mercado global.
