La Comisión Europea ha presentado esta semana una propuesta para establecer una lista común de países de origen seguros en el marco del nuevo Pacto de Migración y Asilo. Esta lista incluirá naciones a las que Bruselas considera que ofrecen garantías suficientes en cuanto a respeto de los derechos humanos y protección de sus ciudadanos, por lo que se podrá acelerar la tramitación de solicitudes de asilo y facilitar devoluciones de nacionales de estos países cuya petición sea rechazada.
Entre los países incluidos en la lista figuran Colombia, Marruecos, Túnez, India, Georgia, Senegal y Moldavia, entre otros. En estos casos, las autoridades europeas asumirán que los solicitantes no requieren protección internacional, salvo que puedan aportar pruebas claras de persecución individualizada. Esto implicará una evaluación más rápida —en un plazo máximo de tres meses— y un menor margen de acceso a recursos legales.
La medida, según explicó la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, «no elimina el derecho a pedir asilo, pero sí permite dar prioridad a los casos más urgentes y evidentes, mientras se reduce el abuso del sistema por parte de quienes provienen de países donde no existe un riesgo generalizado».
La propuesta ha encendido las alarmas en múltiples organizaciones de derechos humanos y colectivos de apoyo a personas migrantes. Amnistía Internacional, el Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (ECRE) y otras ONG denuncian que la inclusión de ciertos países ignora situaciones particulares de vulnerabilidad dentro de estos territorios, como la persecución de personas LGBTIQ+, periodistas críticos, activistas políticos y minorías étnicas o religiosas.
Además, advierten de que este tipo de enfoque «presiona a los solicitantes para que regresen a países donde podrían enfrentarse a tratos inhumanos o degradantes, en contra de los principios básicos del derecho internacional».
La lista de países seguros forma parte del paquete de reformas migratorias que la UE viene impulsando desde hace varios años y que culminó con el Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2023, que entrará plenamente en vigor en 2026. Este pacto busca reforzar el control fronterizo, armonizar los procedimientos de asilo entre los países miembros y distribuir la responsabilidad entre los Estados en función de su capacidad y situación geográfica.
Uno de los elementos más controvertidos de estas políticas es el plan de establecer centros de procesamiento o incluso de deportación en terceros países, una posibilidad que Bruselas no ha descartado. Algunos países, como Italia y Dinamarca, ya han mostrado interés en acuerdos similares a los firmados entre Reino Unido y Ruanda.
La propuesta de lista común de países seguros deberá ser negociada y aprobada por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Aunque varios Estados miembros la respaldan como herramienta para agilizar procesos y descongestionar los sistemas de acogida, otros exigen garantías más claras en materia de derechos fundamentales.
De ser aprobada, la medida transformaría la manera en que la UE gestiona el asilo, priorizando la eficiencia pero generando serias dudas sobre el equilibrio entre seguridad y protección humanitaria.
