Los Veintisiete países miembros de Comisión Europea (CE) han aprobado este lunes un paquete de reformas migratorias que endurece el control sobre las llegadas a la Unión Europea (UE). Entre sus medidas más polémicas figura la posibilidad de trasladar a personas cuyos asilos han sido rechazados a centros de retorno ubicados en países no comunitarios, así como sanciones más severas para quienes se nieguen a abandonar territorio europeo.
El acuerdo, adoptado por los ministros de Interior de los Estados miembros en Bruselas, habilita a los gobiernos de la UE para firmar convenios bilaterales con terceros países —designados como “seguros” por la CE— donde serán ubicados esos centros de retorno. La normativa permite enviar a migrantes rechazados a países distintos a su origen, siempre que estén incluidos en esa lista de “países seguros”.
Además, el paquete prevé agilizar los procesos de asilo y expulsión, reduciendo trámites y reforzando mecanismos de retorno para quienes no obtengan protección internacional. También endurece las sanciones para quienes rehúsen cumplir una orden de salida, incluye posibles periodos de detención prolongada y amplía las facultades de control sobre los migrantes con estancia irregular.
Organizaciones de derechos humanos y algunos Estados —como el representado por el ministro español del Interior, que en la reunión cuestionó su compatibilidad con los derechos fundamentales— advierten que la medida podría vulnerar obligaciones internacionales y dejar a personas vulnerables en una situación jurídica precaria.
Si se ratifica, el paquete transformará no solo los mecanismos de acogida y expulsión, sino también la política de migración de la UE en su conjunto.
