Un país con su fiscal general investigado por el Tribunal Supremo y que no haya dimitido aún es un país de dudosa reputación. Y más cuando la UCO, la unidad altamente especializada de la Guardia civil en crimen organizado, ha averiguado ya que la primera filtración a la prensa de los datos fiscales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y obsesión de Sánchez, procedían nada más y nada menos que de la Fiscalía General del Estado.
Lo interpreta así la UCO en un informe de 57 folios, elaborado en su mayor parte gracias al material incautado a la amiga del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada por el alto tribunal.
Parece claro que todo resultó una acción orquestada para desprestigiar a Ayuso, usando a su novio. Así lo interpreta el propio informe, que da a entender una vergonzosa actuación de servidores públicos de alto rango que se prestan a maniobras tan sucias, que están siendo investigadas por el Tribunal Supremo, a través de la referida unidad de la Guardia Civil y de varios testigos que serán llamados a declarar por el instructor. España, en las personas de varios de sus altos servidores públicos, parece haber perdido la decencia.
La filtración se hace a eldiario.es, uno de los periódicos afines a Sánchez, y luego a otros medios, y la UCO llama la atención de que en la información publicada por el citado periódico se incluyen frases literales de la denuncia de la Fiscalía contra González Amador y del informe de Hacienda que incluye esta denuncia.
La UCO va tirando de los hilos y deja en evidencia a varios miembros de la Fiscalía General, en una vergonzosa operación de acoso y derribo contra el novio de Ayuso por parte de quienes deberían tener la neutralidad como divisa.
La Guardia Civil ha remitido sus conclusiones al magistrado instructor del Supremo, Ángel Hurtado, y de esta forma García Ortiz se ve acorralado por sus propios actos, impropios de un servidor público con altas responsabilidades e investigado por el alto tribunal por revelación de secretos. A pesar de las evidencias que ya existen en el sumario abierto, ni ha dimitido y, por sus declaraciones, tampoco piensa dimitir.
Puede que no dimita porque tenga confianza en que su caso quede diluido en una hipotética decisión favorable del pintoresco Tribunal Constitucional español, donde el sanchista Conde-Pumpido puede rematar la faena y dejarlo fuera de un caso de libro. Como si estuviéramos en Venezuela.
