La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ingresó un total de 508.433 euros entre 2018 y 2019 bajo el concepto de «rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen», según un informe remitido al Tribunal Supremo. Estos pagos, procedentes de la Caja Pagadora Central del Ministerio de Transportes, no han sido localizados en las cuentas bancarias de Ábalos analizadas por la UCO, lo que ha levantado sospechas en el marco de la investigación del ‘caso Koldo’.
El desglose indica que Ábalos recibió 156.440,29 euros en 2018 y 351.992,72 euros en 2019, años en los que ocupaba el cargo de ministro de Fomento (posteriormente renombrado como Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). El juez del Supremo, Leopoldo Puente, que investiga a Ábalos por presunta corrupción relacionada con contratos de material sanitario durante la pandemia, ha dado un plazo de 15 días al Ministerio de Transportes, ahora liderado por Óscar Puente, para que justifique estos pagos, incluyendo el concepto, la fecha y la cuenta donde se realizaron.
La UCO señaló que estos ingresos, que representan el 69% de los 736.796,28 euros totales que Ábalos recibió del Ministerio entre 2018 y 2021, no tienen un reflejo identificable en las cuentas de Caixabank asociadas al exministro, lo que impide rastrear su destino. Ábalos, por su parte, ha negado haber recibido estas cantidades, asegurando que «los ministros no cobran dietas, van a gastos pagados», y sugirió que podrían corresponder a gastos oficiales del Ministerio, aunque dejó la explicación en manos de Transportes.
Este hallazgo se enmarca en una investigación más amplia que involucra a Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, por supuestas irregularidades en adjudicaciones de contratos durante la pandemia. Aldama afirmó en sede judicial haber pagado comisiones a Ábalos y García a cambio de contratos de obra pública, lo que añade presión a la investigación. Mientras tanto, el caso ha generado críticas en redes sociales, donde usuarios han calificado los hechos como un ejemplo de corrupción sistémica, aunque las declaraciones de Ábalos apuntan a una posible justificación administrativa que el Ministerio deberá aclarar.
El Ministerio de Transportes tiene hasta mediados de mayo para responder al Supremo, un paso crucial para determinar si estos pagos tienen una explicación legítima o si, como sospechan algunos, podrían estar vinculados a actividades irregulares. El desarrollo de este caso promete mantener la atención pública en un momento de creciente escrutinio sobre la gestión de fondos públicos.
