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Mientras el caso que rodea al exministro José Luis Ábalos continúa desplegando sus tentáculos judiciales, una figura clave del actual aparato socialista se ve ahora salpicada por nuevas sospechas. Un informe de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo pone el foco en Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, sugiriendo su implicación directa en la gestión de pagos supuestamente ilícitos ligados a adjudicaciones públicas.
Según la investigación, parte de estas transferencias habrían sido impulsadas por la multinacional Acciona, adjudicataria de varios contratos vinculados al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. La cifra estimada que habrían recibido entre Ábalos y su entonces asesor de confianza, Koldo García, se eleva a 620.000 euros. De ellos, una porción aún pendiente, estimada en 450.000 euros, parece seguir generando disputas internas entre los implicados, según se desprende de las conversaciones intervenidas.
El informe no se limita a señalar transacciones abstractas: desglosa minuciosamente las cantidades y las enlaza con proyectos adjudicados en varias ciudades españolas, incluyendo Murcia, Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat. Pero lo más relevante no es la suma, sino el perfil de quien, supuestamente, se encargaba de mover los hilos: Santos Cerdán. Los investigadores sostienen que era él quien discutía con Koldo García sobre las cuentas pendientes, adoptando un rol que trasciende la mera intermediación.
Este nuevo ángulo del caso obliga a mirar más allá de los nombres habituales del escándalo y pone en cuestión la limpieza de los mecanismos internos del partido en el poder. ¿Cómo es posible que una figura con tanta responsabilidad orgánica se vea ahora mencionada en un contexto que roza el delito de corrupción? ¿Qué tipo de controles internos —si los hay— se ejercen para evitar estas prácticas?
Hasta ahora, el PSOE ha optado por el silencio o por desmarcarse de los hechos, como si todo el entramado fuese una anomalía aislada. Sin embargo, cuando la supuesta gestión de sobornos alcanza a una de las máximas autoridades del partido, el argumento del «caso personal» comienza a resquebrajarse.
Este caso no solo implica posibles responsabilidades penales. También pone a prueba la coherencia ética del partido en el gobierno y su compromiso con la regeneración política. Porque cuando las mordidas no solo se toleran, sino que se «gestionan», el problema no es solo judicial: es estructural.
