⏱ 3 min de lectura
Las grabaciones que un antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos acumuló durante años han reabierto una grieta en el Partido Socialista que amenaza con ensancharse peligrosamente. Ocho archivos de audio, registrados entre 2019 y 2023 por Koldo García, sirven ahora como base para un informe de la Guardia Civil que no duda en apuntar a la cúpula socialista. Pero en lugar de respuestas judiciales o políticas claras, el caso parece atrapado en el barro del oportunismo partidista y la lentitud institucional.
En esas grabaciones, el nombre del actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aparece con frecuencia incómoda. Según el informe, sería él quien supuestamente se encargaba de facilitar pagos irregulares a empresas beneficiadas por adjudicaciones públicas. Una acusación grave, sin duda, aunque todavía sin una imputación formal por parte del Tribunal Supremo.
El problema no es solo la gravedad del contenido, sino la gestión del escándalo. La estrategia de defensa parece limitarse a decir que “todo es falso”, mientras se gana tiempo a golpe de portavoces y comunicados. El silencio del propio Cerdán —excepto cuando se justifica diciendo que «le avisaron de que imputarían a Koldo»— suena más a cálculo que a transparencia.
La información que rodea al caso revela una red de presiones políticas donde el tráfico de influencias se mezcla con intereses empresariales. Koldo, que llegó a ejercer de intermediario entre ministros, buscaba que sus contactos se tradujeran en comisiones millonarias mediante adjudicaciones de obras. Para ello, recurría a figuras clave del partido, convencido de que la lealtad interna podía convertirse en negocio. Su confianza era tal que llegó a prometer 450.000 euros a su exjefe si conseguía una simple reunión de cinco minutos con Santos Cerdán.
El informe de la UCO habla de nombres concretos. Dos altos cargos del Ministerio de Transportes, Ángel Contreras y Camino Arce, fueron mencionados por Koldo como piezas clave para facilitar adjudicaciones. Ambos, curiosamente, fueron confirmados en sus puestos poco después de la llegada de Óscar Puente al ministerio. Uno de ellos, Contreras, acabó siendo destituido cuando su nombre apareció vinculado al caso.
Sin embargo, hay una parte del relato que llama la atención por su ausencia: ¿por qué, con estas pruebas, no hay aún un procedimiento judicial claro contra los principales implicados? ¿Por qué sigue habiendo un halo de impunidad política cuando el propio informe describe maniobras sistemáticas para colocar a personas en posiciones estratégicas del ministerio con el fin de obtener beneficios económicos?
Lo más inquietante no es lo que Koldo dice, sino lo que insinúa: que existía una cultura de connivencia donde los favores políticos se traducían en dinero. Que no se trataba de una trama de un asesor descontrolado, sino de un engranaje perfectamente engrasado en el que las lealtades partidistas estaban al servicio del interés privado.
Este escándalo puede ser un nuevo episodio en la larga historia de la corrupción institucional en España. Pero también puede ser —si se queda en nada— otra oportunidad perdida para que la justicia demuestre que no distingue colores políticos. De momento, lo que sí parece distinguir es el calendario electoral.
