⏱ 4 min de lectura
En Canarias, cada menor extranjero no acompañado acogido en los centros públicos o concertados cuesta al erario público una media de entre 4.300-4.500 euros al mes, -hay quien afirman que el importe es superior-, es decir, unos 145 euros al día. Esta cifra, que traducida a un año supera los 51.000 euros por menor, ha abierto un debate social y político en las islas y en el resto del país, porque contrasta de manera abismal con otros indicadores de gasto público.
El ingreso mínimo vital, destinado a sostener a familias enteras en situación de vulnerabilidad, apenas supera los 1.100 euros al mes en el caso de un hogar con dos adultos y dos menores, y en ningún caso llega a las cantidades que el Estado destina a un solo joven extranjero sin referentes familiares en España.
La comparación se vuelve aún más llamativa si se tienen en cuenta otros ámbitos: una plaza en una residencia de ancianos en España rara vez alcanza esos 4.500 euros mensuales, o los costes de estudiar en una universidad europea, que en la mayoría de los casos se sitúan en cifras anuales semejantes a lo que supone mantener a un menor no acompañado durante un solo mes.
Las administraciones defienden que este gasto no corresponde directamente a una “paga” para cada menor, sino al mantenimiento de un sistema complejo: centros de acogida, infraestructuras, alimentación, seguridad, atención educativa, sanitaria y psicológica, personal de apoyo, tutores y procesos judiciales. En Canarias, además, el volumen de llegadas ha tensionado hasta el límite los recursos, lo que dispara los costes.
Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo: mientras se destinan más de 4.000 euros mensuales por plaza a estos menores, miles de canarios siguen viviendo en la calle. El propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha reclamado al Cabildo y al Gobierno de Canarias la creación de tres nuevos centros para personas sin hogar fuera de la capital, con el fin de aliviar la saturación del Centro Municipal de Acogida, donde se atiende a ciudadanos locales en situación límite. Habrá que ver si estos centros finalmente se construyen y no se pone como excusa la falta de dinero, mientras en la zona de Las Canteras, en La Laguna, se está levantando un centro para inmigrantes cuyo coste es de 23 millones de euros.
Estas comparaciones alimentan una crítica recurrente: ¿a dónde va exactamente el dinero público? ¿Por qué se gasta, en un menor extranjero, lo que podría cubrir dos plazas residenciales para mayores? ¿Por qué se considera suficiente que una familia sobreviva con 1.139 euros mensuales mientras se destinan 4.500 a cada joven acogido? ¿Alguien se está enriqueciendo?
Los responsables políticos subrayan que se trata de una obligación legal y humanitaria, pero la sensación de agravio en la opinión pública crece al compás de estas cifras. No hay un español cuya pensión supere lo que cuesta un mena. No hay un español medio que gane esa cantidad de dinero. Sin embargo, con sus impuestos alimenta, aunque no quiera, este sistema absurdo.
Lo que hoy está en juego no es solo un balance contable, sino la credibilidad de un sistema de protección social que parece tratar con desigual vara de medir a quienes han contribuido toda su vida y a quienes acaban de llegar.
La falta de transparencia y de una rendición de cuentas clara sobre en qué se gasta exactamente ese dinero deja abiertas demasiadas incógnitas, y la comparación con otros colectivos vulnerables hace inevitable la pregunta: ¿están bien fijadas las prioridades sociales en España?
La solidaridad del pueblo canario está más que demostrada: sus gentes han abierto los brazos a personas necesitadas, vengan de donde vengan. Nadie puede poner en duda ese espíritu humano y generoso. Pero la desigualdad en el reparto de recursos clama al cielo. No puede ser que un extranjero que no ha aportado nunca nada al país reciba una atención económica que multiplica por cuatro lo que el Estado considera suficiente para una familia española en apuros o para un anciano que ha cotizado toda su vida. La ayuda humanitaria no puede confundirse con el agravio comparativo, y el Gobierno está obligado a dar explicaciones claras, porque la justicia social empieza por no abandonar a los propios.
De la sanidad… ya hablaremos otro día.
¿Y sin presupuestos generales que contemplen estas contingencias para ayudar a la inmigración ilegal? En el Estado ya ni presentan los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales. Ahora también habrá que pagar los 45.000 y pico millones a Cataluña, sin presupuestos, los 10.000 millones de la OTAN sin presupuestos. Me huele a dictadura….