El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid ha fallado a favor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el litigio por las obras realizadas en el piso que comparten en el distrito de Chamberí. La sentencia, fechada el 7 de marzo y firme desde hace un mes, anula la resolución del Ayuntamiento de Madrid que exigía a González Amador obtener una licencia para las reformas ejecutadas entre 2022 y 2023, y condena al Consistorio al pago de las costas procesales, aunque no se ha especificado el monto.
El caso se remonta a agosto de 2022, cuando González Amador, tras adquirir la vivienda de 183 metros cuadrados por un valor estimado de 1,19 millones de euros, inició una reforma integral que incluyó demolición de tabiques, redistribución de habitaciones, renovación de instalaciones eléctricas, fontanería y cambios en carpinterías exteriores. El Ayuntamiento, entonces, ordenó paralizar las obras en noviembre y diciembre de 2022, alegando que la declaración responsable presentada era insuficiente y que se requería una licencia. Sin embargo, González Amador continuó los trabajos, lo que desató una controversia que incluyó denuncias de Más Madrid por infracción urbanística y acusaciones de trato de favor por parte del gobierno de José Luis Martínez-Almeida.
La jueza ha determinado que las obras estaban amparadas por una declaración responsable presentada el 14 de octubre de 2022, que englobaba todos los trabajos y cumplía con la normativa de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. El fallo critica al Ayuntamiento por ignorar esta declaración y por exigir una licencia innecesaria, señalando que no se justifica tal requerimiento solo porque las obras se realizaran en fases distintas. El Ayuntamiento, que no ha recurrido la sentencia, había sido acusado previamente de obstruir el acceso a información por parte de la oposición, mientras González Amador denunció filtraciones de datos del expediente a la Agencia Española de Protección de Datos.
El desenlace ha generado reacciones mixtas. Mientras Ayuso y González Amador celebran el fallo, Más Madrid y el PSOE han cuestionado la actuación del Consistorio, señalando que el caso refleja un doble rasero en la aplicación de la normativa urbanística. La sentencia pone fin a un episodio que ha avivado tensiones políticas y que, durante meses, alimentó debates sobre la transparencia y la igualdad ante la ley en Madrid.
