El Tribunal Supremo ha dictado su fallo: el Fiscal General del Estado, García Ortiz, ha sido declarado culpable. Una decisión judicial que, lejos de ser un trámite anodino, ha provocado un tsunami de histeria y alarmismo en el Gobierno y sus aliados más mediáticos. Y lo más sorprendente: algunos parecen confundir la justicia con un enemigo personal.
Mónica García, ministra de Sanidad, optó por la metáfora bélica: «Hay que ser muy kamikaze del Estado de derecho para alegrarse de esta decisión». Traducido al lenguaje cotidiano: según ella, defender la justicia es suicidio. Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, siguió el manual de la indignación institucional: «Algunos no nos vamos a chupar el dedo y no nos vamos a callar». Una frase que suena más a amenaza que a análisis. Porque, claro, la justicia no se discute con argumentos, se combate con el dedo en alto y la pose de desolación.
La vicepresidenta Yolanda Díaz llevó la dramatización al extremo: «Se cree impune», dijo, llamando a la movilización contra el Supremo como si estuviéramos ante un régimen totalitario. La realidad, sin embargo, es que estamos ante un fallo judicial, no frente a un golpe de Estado. Pero en el relato de ciertos dirigentes, cualquier fallo que no les favorezca se convierte automáticamente en conspiración, abuso de poder y “golpismo judicial”.
Ione Belarra y Pablo Fernández de Podemos subieron aún más el tono. La primera recordó, con un guiño histórico que raya en lo ridículo, que la sentencia se dio a conocer el mismo día del 50 aniversario de la muerte de Franco. Sí, según Belarra, el Tribunal Supremo no solo falla, sino que además planea su calendario con intenciones oscuras. Y Pablo Fernández directamente calificó el fallo de «lawfare y golpismo judicial», afirmando que vivimos en un «Estado podrido» gobernado por jueces «fascistas». Fascistas. Siempre fascistas. Ya no saben decir “jueces prevaricadores”, “jueces corruptos” o “jueces vendidos”. No. Fascistas. Porque así, de un plumazo, uno se queda tan ancho y no hace falta argumentar nada.
Es imposible no preguntarse si, para algunos, la crítica política se ha transformado en un ejercicio de victimismo extremo. La estrategia es clara: cualquier sentencia contraria a sus intereses se convierte en conspiración, cualquier juez que cumpla con su deber es fascista, y cualquier proceso judicial serio merece un espectáculo mediático de alarma. La indignación ha sustituido al análisis, el populismo a la prudencia, y la ficción a la realidad.
El Tribunal Supremo no ha inventado un enemigo. Ha hecho su trabajo. Y quienes hoy lo atacan están revelando, sin quererlo, que no conocen ni respetan las reglas básicas de un Estado de derecho. Criticar una sentencia es legítimo; convertir la justicia en un teatro de conspiraciones y movilizaciones es otra cosa: es socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones que, paradójicamente, todos dicen defender.
Qué tristeza de país, señores. Qué tristeza.
Y colorín colorado, este esperpento todavía no se ha acabado. Seguiremos informando… si nos dejan.
