La titular del Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, encargada de la investigación del accidente ferroviario en Adamuz, ha dictado una providencia por la cual prohíbe a Adif realizar cualquier intervención técnica en el tramo afectado sin un preaviso mínimo de 15 días. La medida busca garantizar la preservación de las pruebas en el lugar del siniestro, ocurrido el pasado 18 de enero, donde el descarrilamiento de un tren de alta velocidad causó la muerte de 46 personas y dejó más de un centenar de heridos.
La magistrada ha sido tajante al requerir al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que se abstenga de llevar a cabo trabajos de reparación, mantenimiento o modificación de la vía que puedan alterar el escenario de la tragedia. La resolución judicial responde a la necesidad de permitir que los peritos judiciales y los agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil completen las inspecciones oculares y las mediciones técnicas necesarias para determinar las causas del accidente. La jueza considera imprescindible que el estado de la infraestructura se mantenga intacto hasta que se extraigan todas las conclusiones periciales pertinentes.
Esta orden judicial llega mientras se analizan los datos de las cajas negras y se investiga si el exceso de velocidad, un fallo en el sistema de señalización o el estado de los materiales pudieron influir en el siniestro. El requerimiento de preaviso de 15 días asegura que cualquier movimiento de Adif en la zona de Adamuz sea supervisado previamente por el juzgado, evitando así que actuaciones de urgencia por parte de la empresa pública puedan, de forma accidental o deliberada, contaminar las pruebas que aún se encuentran sobre el terreno.
Por su parte, Adif ha manifestado su disposición a colaborar plenamente con la justicia, aunque el cumplimiento de este plazo de preaviso podría demorar las tareas de restablecimiento total de la normalidad en la línea. No obstante, la prioridad del tribunal en este momento es el esclarecimiento de las responsabilidades penales de una de las mayores tragedias ferroviarias ocurridas en España en las últimas décadas. La investigación continúa bajo secreto de sumario en sus aspectos más sensibles, a la espera de los informes definitivos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
