⏱ 3 min de lectura
La investigación judicial que ha sacudido al PSOE con el denominado caso Koldo ha revelado que María Belén Cerdán León, hermana del exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y actual concejala socialista en la localidad de Milagro (Navarra), cobró 22 200 € en 2020 de la constructora Servinabar, empresa central en la presunta trama de adjudicaciones irregulares en Navarra, según documentación tributaria remitida por la Hacienda Foral al Tribunal Supremo. Belén Cerdán aparece en los registros como receptora de esta suma sin explicitarse el concepto exacto del pago.
Desde la defensa, se sostiene que ese dinero correspondía a una actividad como autónoma administrativa, llevando labores contables durante varios meses para la constructora, aunque no se detallaron contratos formales. No obstante, el hecho llama la atención por la coincidencia entre pagos familiares y la investigación sobre presuntos ingresos ilícitos vinculados a Servinabar.
Paralelamente, la Unidad Central Operativa (UCO) entregó al Supremo un contrato privado, fechado el 1 de junio de 2016, por el cual Santos Cerdán habría adquirido el 45 % de las participaciones sociales de Servinabar (1.350 acciones) por solo 6 000 €, documento que, según Cerdán y el administrador de la empresa, nunca fue elevado a escritura pública y, por tanto, no tuvo validez legal.
Este documento despertó aún más recelo, dado que Servinabar participó en adjudicaciones millonarias en Navarra, incluyendo obras públicas por más de 75 millones de euros —entre ellas la duplicación del túnel de Belate— junto a la constructora Acciona, concitando denuncias de favoritismo y procedimientos irregulares.
La Guardia Civil, a través del informe remitido al Tribunal Supremo, destaca que Servinabar se habría convertido en una de las “vías de canalización de beneficios” de una red que operó desde 2013 vinculada al PSOE en Navarra y extendida luego a Madrid, con conexiones a Koldo García, exasesor de Ábalos y persona cercana a Cerdán.
La defensa de Santos Cerdán admite que existió el contrato privado, pero insiste en que no tuvo efecto jurídico y exige que se valore como tal ante el juez Leopoldo Puente. Además, puntualiza que Belén Cerdán fue contratada únicamente para labores contables y sin ninguna vinculación política o empresarial directa con la adjudicación de contratos públicos.
Él niega cualquier relación societaria real con Servinabar, pero la UCO afirma poseer pruebas y mensajes que indican una colaboración activa entre Cerdán y la empresa investigada, con posibles contraprestaciones económicas encubiertas.
El hecho de que la hermana de un alto dirigente socialista haya recibido una cuantía importante de la empresa bajo investigación refuerza las sospechas de un entramado familiar y político que habría operado para encubrir flujos económicos con apariencia legal. Aunque se exprese como trabajo administrativo, genera interrogantes legítimos sobre posibles conflictos de interés o uso de mecanismos indirectos para remunerar a personas cercanas al entorno político.
La fiscalía y los investigadores siguen analizando cómo se produjeron las adjudicaciones públicas, cómo se gestionaron las relaciones societarias y si los pagos a terceros como la hermana de Cerdán respondían a actividades reales o fueron instrumentos opacos de canalización de fondos públicos.
