Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron este jueves doce años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer la medicina para Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Diego Armando Maradona, al que acusan de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del exfutbolista en noviembre de 2020. La petición se formuló durante los alegatos finales del juicio que se celebra en los tribunales de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.
Ferrari señaló a Luque como el responsable principal dentro de lo que describió como un “doble comando médico” al frente del tratamiento del astro. La figura del dolo eventual implica, según la acusación, que el profesional previó el riesgo de muerte y lo aceptó con indiferencia, sin adoptar medidas correctoras. El Código Penal argentino contempla para ese delito penas de entre ocho y veinticinco años.
El Ministerio Público reclamó también diez años de cárcel para Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la aseguradora Swiss Medical, y ocho para la psiquiatra Agustina Cosachov, a quienes situó junto a Luque como los grandes responsables del tratamiento. Los fiscales describieron la atención como “anárquica”, con dos jefaturas, dos canales de información y una desorganización absoluta, y sostuvieron que el equipo ignoró de forma sistemática las señales de deterioro del paciente en la vivienda de Tigre, donde falleció tras una agonía de unas doce horas.
El resto de imputados afronta penas de menor grado. La acusación mantiene la petición para el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el jefe de enfermeros Mariano Perroni, mientras que un día antes de la lectura retiró los cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna, para quien pidió la absolución.
Luque siempre ha defendido su actuación. Tras el registro de su domicilio en la fase de instrucción, aseguró que hizo “lo mejor que se podía” por Maradona y que mantuvo con él una relación que iba más allá de lo profesional. El tribunal escuchará las últimas palabras de los acusados antes de dictar sentencia.
