La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, confirmó todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente de Filipinas, Rodrigo Roa Duterte, y ordenó la apertura de un juicio en su contra. La decisión, adoptada por unanimidad por una Sala de Cuestiones Preliminares, concluye que existen motivos fundados para creer que Duterte es responsable de asesinato y tentativa de asesinato en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Filipinas entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.
La resolución marca un hito en la historia del tribunal: Duterte, de 81 años, será el primer exjefe de Estado asiático juzgado por la CPI, institución encargada de perseguir los delitos más graves como los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.
La acusación gira en torno a la llamada «guerra contra las drogas» impulsada por Duterte, primero cuando ejercía como alcalde de la ciudad de Davao, en el sur del país, y más tarde durante su mandato presidencial, entre 2016 y 2022. La acusación recoge al menos 76 asesinatos y dos intentos, aunque tanto la Fiscalía como la Corte subrayan que la magnitud real de las víctimas sería significativamente mayor. Organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando miles de muertos derivados de esta campaña, la mayoría presuntos consumidores o pequeños traficantes, ejecutados extrajudicialmente por cuerpos policiales y «escuadrones de la muerte» vinculados al poder.
El caso se articula en torno a tres grandes cargos. El primero abarca 19 asesinatos cometidos entre 2013 y 2016, cuando Duterte era alcalde de Davao. El segundo se refiere a la ejecución de presuntos «objetivos de alto valor» al inicio de su presidencia. Y el tercero recoge 43 asesinatos producidos durante operaciones de «limpieza» entre 2016 y 2018 contra supuestos consumidores o pequeños vendedores de drogas en todo el país.
Para los jueces, Duterte habría contribuido de forma esencial a la comisión de los crímenes al diseñar la política, dar instrucciones, proporcionar recursos, promover públicamente la violencia y garantizar protección e impunidad a los autores materiales. La Sala señala que el exmandatario se situaba en la cúspide de una estructura organizada que, en la práctica, permitió las miles de muertes documentadas.
La decisión llega un día después de que la propia CPI rechazara el recurso presentado por los abogados del exmandatario. La defensa cuestionaba la competencia del tribunal, pero la presidenta de la Sala de Apelaciones, la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, desestimó los cuatro motivos invocados y dejó sin efecto la petición de liberación inmediata. La CPI ha recordado que tiene jurisdicción porque Filipinas fue Estado parte del Estatuto de Roma entre 2011 y 2019, justo el periodo en el que se produjeron los hechos investigados. El país se retiró formalmente del tratado en 2019, una decisión impulsada por el propio Duterte cuando ya había sido abierta la investigación preliminar.
El expresidente fue detenido en Manila y entregado a la CPI en marzo del año pasado. Su defensa había alegado salud deteriorada y edad avanzada para no comparecer en la audiencia de confirmación de cargos celebrada en febrero, pero un panel médico independiente concluyó que estaba en condiciones de participar. Ahora, con el caso ya enviado a juicio, el equipo legal podría volver a plantear esos argumentos para retrasar o modular el proceso.
Human Rights Watch celebró la decisión y subrayó que abre la puerta a la justicia largamente esperada por las familias de las víctimas. Su asesora en justicia internacional, Maria Elena Vignoli, destacó que la resolución envía un mensaje claro de que nadie responsable de crímenes graves está por encima de la ley. La Fiscalía de la CPI calificó la confirmación de cargos como un «hito significativo» que refleja la solidez de su investigación.
El caso pasa ahora a una Sala de Primera Instancia, que fijará el calendario y las condiciones del proceso. El tribunal ha recordado que el juicio se celebrará con «plenas garantías» y respetando los derechos tanto de la defensa como de las víctimas.
