El último Annual Report on Taxation 2026 de la Comisión Europea sitúa a España entre los países donde más ha aumentado la recaudación procedente de los impuestos sobre el trabajo durante la última década. El informe atribuye esta evolución principalmente a las modificaciones en el IRPF y al incremento de las cotizaciones sociales, en un contexto de fuerte creación de empleo.
Según el documento, España figura entre los once Estados miembros donde más ha crecido la presión fiscal respecto al PIB entre los periodos 2015-2019 y 2020-2024. En el caso español, el aumento ha estado impulsado casi exclusivamente por los ingresos derivados del trabajo, mientras que la aportación de los impuestos sobre el consumo y el capital apenas ha variado.
La Comisión señala que la falta de actualización generalizada de los tramos estatales del IRPF frente a la inflación, junto con el aumento progresivo de las cotizaciones sociales, ha acelerado el desplazamiento del sistema tributario español hacia una mayor dependencia de los impuestos laborales. Entre las medidas citadas figuran el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, las sucesivas subidas de las cotizaciones destinadas a financiar el sistema público de pensiones y la nueva cotización de solidaridad aplicada desde 2025 a las rentas que superan la base máxima de cotización.
El informe también destaca que España es uno de los países donde más ha aumentado el tipo implícito de gravamen sobre el trabajo durante la última década. Entre 2014 y 2024 este indicador creció tres puntos porcentuales, solo por detrás de Chipre y Grecia, reflejando un incremento efectivo de la carga fiscal soportada por las rentas del trabajo.
Pese a este incremento de la tributación laboral, Bruselas subraya que el mercado laboral español ha mantenido una evolución favorable. La creación de empleo ha contribuido significativamente al aumento de la recaudación y explica parte del crecimiento de los ingresos tributarios registrados en los últimos años. Asimismo, el análisis econométrico del informe identifica a España entre los países donde el aumento del gasto en protección social ha tenido una mayor influencia en la evolución de los ingresos procedentes del trabajo.
En materia de presión fiscal total, las previsiones de la Comisión apuntan a que la recaudación en España pasará del 36,8 % del PIB en 2024 al 38,4 % en 2027, una de las mayores subidas previstas entre los grandes países de la Unión Europea.
El informe también recuerda que España es actualmente el único país de la Unión Europea que mantiene un impuesto sobre el patrimonio neto dentro de la categoría de impuestos patrimoniales analizada por Bruselas.
Por otra parte, la Comisión destaca la singularidad del modelo territorial español en materia tributaria. España figura, junto con Alemania, Bélgica y Austria, entre los Estados donde los gobiernos regionales poseen competencias relevantes en el diseño y la gestión de determinados impuestos, especialmente en el IRPF, lo que explica diferencias entre comunidades autónomas en algunas políticas fiscales.
En conjunto, el informe concluye que España ha reforzado notablemente su capacidad recaudatoria en los últimos años apoyándose principalmente en la fiscalidad sobre el trabajo, una estrategia que ha permitido incrementar los ingresos públicos pero que también ha elevado la carga fiscal soportada por trabajadores y empresas.
