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La retirada de la acreditación a Vito Quiles por parte de la Mesa del Congreso es una de esas decisiones que se toman en bata, con tono institucional y fraseología de manual… pero es censura como la copa de un pino mediterráneo.
Según la resolución, su comportamiento era “impropio”. Qué término más cómodo, ¿verdad? Lo suficientemente vago como para decir lo que uno quiera, pero con tono elevado. Cuando un periodista pregunta lo que incomoda, se convierte en impropio. Cuando calla o aplaude, se vuelve ejemplar. Como el montón de peloteros que tienen; y se nota también un montón.
No se trata aquí de defender las formas de Quiles —ni falta que hace—, sino de recordar una obviedad democrática: incluso el periodista más incómodo tiene derecho a estar presente. A preguntar. A grabar. A informar. Porque la libertad de prensa no es un premio al buen comportamiento, sino una garantía frente al poder. Para que se enteren los de un lado y los de otro.
Y este arbitrio, contra Vito Quiles, ¿se puede recurrir?
Sí, se puede y se debe. Y con fundamento y razonamiento. La decisión de la Mesa, aunque amparada formalmente en su capacidad de autorregulación, afecta directamente a derechos fundamentales, en particular el derecho a comunicar libremente información veraz. Si hay elementos de arbitrariedad, falta de proporcionalidad o desviación de poder —y todo apunta a ello—, el recurso es perfectamente viable ante el Tribunal Supremo por vía contencioso-administrativa, diría yo, salvo opinión fundada en mejor derecho; o, si no, se lo preguntan a Google o a su cuñado.
Además, hay precedente y doctrina suficiente para sostener que el acceso a la información parlamentaria no puede limitarse de forma ideológica. Aunque la acreditación no sea un derecho automático, su retirada sí requiere motivación real y control judicial, precisamente porque afecta a las condiciones materiales del ejercicio del periodismo y a un derecho fundamental. Chavales, como diría Frank de la Jungla.
¿Y si el Supremo dice que no? Pues entonces lo llevamos a Estrasburgo. A ver qué pasa. Porque si hay una causa que merece agotar todas las instancias, es esta. No por Vito Quiles, que también, sino por lo que representa: la defensa de la prensa frente a los blindajes institucionales del poder y a la opinión única que nos quieren imponer. Como los dictadores, vamos.
Y aquí conviene recordar que en otras latitudes democráticas la cosa está mucho más clara. Recordemos que en los Estados Unidos de América, por ejemplo, la primera enmienda de su Constitución, ratificada en 1791, dice lo siguiente:
“El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial, o que prohíba su libre ejercicio; o que coarte la libertad de palabra o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios.”
Así, sin rodeos. Libertad de palabra y de prensa. Sin reservas. Sin excepciones. Nadie puede limitarla, ni siquiera bajo apariencia de orden institucional. Porque los padres fundadores sabían lo que nosotros parecemos haber olvidado: que la prensa no está para complacer, sino para fiscalizar. Ya que el que fiscaliza no lo hace, como el general del Estado.
Aquí, en cambio, no hace falta una ley. Basta con una resolución discreta, una rueda de prensa sin preguntas y un argumentario bien repartido. Censura en diferido, como los pagos de Bárcenas, por citar a alguno alguno de los corruptos “vintage”.
Por eso es tan importante recordar quién protege realmente la libertad de prensa y el derecho al honor. No son los partidos políticos. No son las mesas del Congreso ni los gabinetes de comunicación. Son los jueces o juezas. De la asociación que sea. Que esa es otra.
Y cuando hablamos de jueces no hablamos de salvadores ni de notarios del poder. Hablamos de quienes, en un Estado de Derecho, ponen límites al abuso institucional. Son ellos quienes deciden si una expresión crítica vulnera o no el honor; y también son ellos los que protegen al periodista cuando el poder intenta silenciarlo.
Este equilibrio es esencial. Porque tan peligroso es usar la libertad de prensa como escudo para la injuria, como usar el derecho al honor como excusa para tapar lo que no conviene que se sepa.
Y eso —por cierto— lo explico en detalle en mi libro:
¿Qué me puede pasar si te llamo gilipollas?
Pero la conclusión es sencilla:
Lo que ha hecho el Congreso no es proteger la dignidad institucional. Es blindarse frente a preguntas que nadie se atreve a hacer y que el pueblo quiere saber. Puede que Vito Quiles no guste. Pero no está para gustar.
Y cuando los que mandan dejan de tolerar las libertades y derechos fundamentales
también deberían dejar de merecer el poder. Y punto.
