El final del secreto sobre el 23-F ha llegado con una coincidencia casi literaria. Este miércoles, 25 de febrero de 2026, mientras el Boletín Oficial del Estado publicaba la desclasificación masiva de los archivos del golpe, se confirmaba el fallecimiento de Antonio Tejero Molina a los 93 años. El hombre que asaltó el Congreso con una pistola en la mano ha muerto el mismo día en que el Estado ha decidido, finalmente, abrir las cajas que guardaban los flecos más oscuros de su intentona.
El Gobierno ha liberado un total de 153 unidades documentales que hasta ahora permanecían bajo llave en los archivos de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores. Se trata de una decisión adoptada por el Consejo de Ministros este martes, coincidiendo con el 45º aniversario de los hechos, con el objetivo de saldar una deuda histórica con la transparencia democrática. La documentación, que ya es pública y accesible en formato PDF a través de la web oficial de La Moncloa, ofrece una radiografía inédita sobre la planificación del golpe, el papel del antiguo CESID y las reacciones internacionales en las horas más críticas de la Transición.
Entre los legajos ahora expuestos, destacan informes internos del servicio de inteligencia que admiten la implicación directa de varios de sus agentes en la logística de la asonada. Los papeles revelan detalles inquietantes, como el análisis que los propios golpistas hicieron tras el fracaso de la operación. En uno de los documentos desclasificados, se llega a señalar que el error fundamental de la estrategia fue dejar al Borbón libre, refiriéndose al Rey Juan Carlos I como un objetivo que debió ser anulado desde el primer instante para garantizar el éxito de la toma del poder.
La apertura de estos archivos también arroja luz sobre las comunicaciones diplomáticas. Se ha hecho pública una carta de la Reina Isabel II de Inglaterra dirigida al entonces monarca español, así como transcripciones de llamadas telefónicas que hasta ahora eran solo materia de especulación para los historiadores. Las notas reservadas de la Policía Nacional también describen el clima de tensión en los cuarteles y la vigilancia estrecha sobre los partidos políticos en los días posteriores al 23 de febrero de 1981, confirmando el miedo real a un movimiento involucionista a gran escala.
Los socios parlamentarios del Gobierno consideran la desclasificación como un avance positivo pero insuficiente, exigiendo una reforma integral de la Ley de Secretos Oficiales de 1968. La oposición ha calificado el anuncio como una maniobra de distracción. Con todo, la realidad es que el sumario judicial de la Causa 2/81 sigue bajo la custodia del Tribunal Supremo, por lo que el rompecabezas del 23-F, aunque hoy mucho más completo, conserva todavía algunas piezas fuera del alcance de la opinión pública.
