La reciente apertura del PSOE a “mejorar” la reforma del acceso a la carrera de jueces y fiscales es una tropelía a la independencia del poder judicial. Se nos avecina una huelga de togados con puñetas, lo que consideramos una reacción tardía y tibia a la presión que están padeciendo. Sin embargo, en esta discusión nacional, hay un territorio ausente de los discursos pero muy presente en las consecuencias: Canarias.
Nuestra comunidad sufre, desde hace años, un déficit estructural de jueces, fiscales y medios. La temporalidad, la interinidad y el abandono institucional han hecho de la Administración de Justicia un laberinto burocrático más lento cuanto más al Oeste se mire. Y ahora, con una reforma que altera de raíz el acceso a la carrera judicial y fiscal, las islas pueden ser de nuevo las grandes perjudicadas; y no pasa nada. Coalición Canaria sigue dándole gusto al sanchismo, con su apoyo a pesar de los pesares. A lo mejor es que no le interesa una reforma racional de la Administración de Justicia.
El concurso-oposición para regularizar interinos y el nuevo modelo de acceso, supuestamente más práctico e inclusivo, suenan bien en teoría. Pero en la práctica, ¿a quiénes benefician y a quiénes excluyen? ¿Qué oportunidades tienen los opositores canarios, alejados de los grandes centros preparadores y sin redes clientelares? ¿Cómo se van a cubrir las plazas de difícil acceso en islas menores si ni siquiera con el sistema anterior se conseguía?
El riesgo es evidente: que la reforma termine siendo una modernización en el papel, pero una precarización en la práctica, especialmente en regiones como la nuestra, donde la justicia ya llega tarde y mal. Si la carrera judicial se convierte en un filtro opaco, dependiente de criterios poco transparentes, y si las plazas se estabilizan sin vocación de permanencia ni arraigo territorial, el colapso de nuestra justicia será mayor.
El Gobierno de Sánchez, con su ministro Bolaños a la cabeza, insiste en que quiere una justicia más social, más abierta, más igualitaria. Donde la UCO dependa de la fiscalía, claro. ¿Y la fiscalía de quién depende? Pero en Canarias no necesitamos promesas: necesitamos plazas cubiertas, medios estables y garantías reales. Lo demás es retórica peninsular y un asalto al poder judicial. Del ministerio fiscal, ni hablamos. Y de los colegios de abogados canarios, menos.
Desde El Burgado exigimos que cualquier reforma del sistema judicial contemple las especificidades de Canarias. La justicia, en Canarias, también llega siempre con una hora menos.
